Opinión

Mónica García, la sanidad no se arregla con leyes

Mónica García ha convertido el caso del Hospital de Torrejón en la excusa perfecta para justificar una agenda ideológica que no resuelve los problemas reales del sistema sanitario. Mientras la sanidad pública enfrenta carencias graves de profesionales, saturación de la Atención Primaria y listas de espera históricas, la ministra centra su discurso en atacar la colaboración público-privada y en anunciar una ley que no ofrece soluciones ni inmediatas ni eficaces.

Su respuesta ante la sanidad española es meramente política, no humana ni sanitaria, y utiliza Torrejón como un instrumento para desviar responsabilidades de su propio Ministerio, que es quien debería tener la capacidad de financiar, coordinar y planificar el Sistema Nacional de Salud.

La ministra ha encontrado en el Hospital de Torrejón un chivo expiatorio cómodo para construir un relato que responsabiliza a la Comunidad de Madrid y al modelo de colaboración público-privada de todos los males de la sanidad española. Sin embargo, los problemas estructurales del sistema, desde la falta de médicos hasta la saturación de los servicios, no son atribuibles a un hospital concreto.

El escándalo de Ribera Salud debe, por supuesto, investigarse y aclararse, pero convertirlo en el eje de la estrategia sanitaria nacional es una cortina de humo. La ministra evita así asumir las carencias de su propia gestión, que sigue sin aportar soluciones tangibles a los problemas que afectan al conjunto del país.

¿Es derogar la Ley 15/97 la solución?

La propuesta de derogar la Ley 15/97 se presenta como una medida transformadora, pero es un anuncio vacío que llegará, según la propia ministra, a principios de 2026. Es decir, no tiene impacto alguno en la crisis actual del sistema. Esta ley ha permitido durante décadas que las comunidades autónomas puedan recurrir a modelos de colaboración público-privada en situaciones de necesidad, y ha facilitado la construcción y puesta en marcha de infraestructuras sanitarias en plazos que el sistema público difícilmente podría asumir. Derogarla sin ofrecer una alternativa clara y eficaz es una irresponsabilidad que puede generar un problema mayor del que dice resolver.

La derogación de la Ley 15/97 se plantea como un gesto político más que como una reforma sanitaria. No responde a los problemas que están denunciando los profesionales, que reclaman mejores condiciones laborales, estabilidad, plantillas reforzadas y más recursos en Atención Primaria. Ninguna de esas reivindicaciones se resuelve con un cambio legislativo que tardará más de un año en ver la luz. La ministra propone acabar con un modelo sin explicar cómo piensa sostener el sistema mientras tanto. Es una decisión que no suma médicos, no reduce las listas de espera y no mejora la situación actual de los pacientes.

El verdadero problema de la sanidad pública no es la existencia de un hospital privado, sino la falta de gestión eficaz. El sistema necesita inversión, planificación y una estrategia a largo plazo que aborde desde la formación de especialistas hasta la modernización de los servicios. El Ministerio, en lugar de liderar este proceso, se dedica a confrontar con las comunidades autónomas. La ministra critica modelos implantados hace treinta años mientras desatiende el presente. La situación de la Atención Primaria, colapsada en gran parte del país, exige medidas inmediatas que no aparecen en su agenda.

El Gobierno central es el responsable de la financiación sanitaria a través de los Presupuestos Generales del Estado. También es responsable de aumentar o reducir las plazas de formación de especialistas, de negociar con los profesionales y de impulsar reformas para retener talento. Sin embargo, la ministra desplaza el foco hacia debates ideológicos y evita asumir las responsabilidades que le corresponden. Mientras tanto, los médicos anuncian huelgas, los pacientes sufren demoras y la presión asistencial sigue aumentando. Nada de eso se resolverá con la derogación de una ley dentro de doce meses.

La ministra se dedica a señalar modelos autonómicos y a criticar la colaboración público-privada mientras ignora que el sistema funciona gracias, precisamente, a la coexistencia de ambas realidades. El problema no es la gestión privada ni los conciertos, sino la falta de recursos que el propio Estado no ha sido capaz de garantizar. En lugar de confrontar con la Comunidad de Madrid, la ministra debería sentarse con todas las comunidades autónomas para diseñar un plan realista de refuerzo del sistema. Derogar la Ley sin tener definida una alternativa es desmantelar una estructura sin haber construido la siguiente.

La conclusión es clara. Mónica García utiliza el caso Torrejón para justificar una ley ideológica que no aporta soluciones a la crisis sanitaria. Su acción es más política que técnica, más basada en el relato que en la gestión. Los problemas urgentes del sistema no se resuelven con anuncios, sino con profesionales, inversión y planificación. La ministra prefiere una batalla política antes que una estrategia sanitaria. La sanidad pública no se salva con discursos ni con la derogación de leyes, sino con médicos, recursos y decisiones bien planificadas. Y esas decisiones no están llegando desde el Ministerio de Sanidad.