Martín Blas, el émulo rústico de McCarthy

El comisario Marcelino Martín Blas está esforzándose arduamente para convertirse en el Joseph McCarthy español. Aquel senador estadounidense que de 1950 a 1956 acaparó el lado oscuro de la celebridad por perseguir a numerosas personas por el mero hecho de pensar y expresarse con libertad. Dos principios inexcusables en cualquier país que se precie de tener un mínimo de calidad democrática. Bajo sus persecuciones paranoicas e infructuosas —nunca pudo probar delito alguno— McCarthy acosó a profesionales de los medios de la comunicación, del Gobierno, la cultura o simples funcionarios del Estado norteamericano. Ahora, y al más puro estilo del político republicano de Wisconsin, el policía Martín Blas ha recuperado esa caza de brujas en España en lo que podría suponer una flagrante violación del derecho a la intimidad. Una actividad reprobable que ya denunciaran intelectuales de la talla de Arthur Miller durante los años más oscuros de la represión política y policial en los Estados Unidos.

Martín Blas, con la colaboración inestimable del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, pretende intervenir e incautarse de todos los correos enviados y recibidos durante los años 2013 y 2014 por varios periodista. Un requerimiento judicial que ya estaría en marcha en el caso del subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, y que en breve tendría efecto contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Acciones contra dos profesional cuyas únicas faltas son ejercer la profesión con riguroso arreglo a la ley y hacer de la libertad de expresión una dinámica constante de sus respectivas actividades.

El comisario sigue viendo gigantes donde sólo hay molinos en su cruzada por averiguar quién filtró la «grabación ilegal» del ‘caso Nicolay’, donde él habría hablado de «fabricar pruebas falsas» contra Francisco Nicolás. Una reunión a la que sólo tuvieron acceso miembros de Asuntos Internos y del CNI. La Fiscalía ya rechazó su petición de imputar a 14 personas por este caso. Un diligencia en la que, incluso, llegó a pedir la entrada en sus domicilios con el uso de la fuerza. Ahora, sin embargo, ha conseguido que el juez lo lleve a trámite con el consiguiente perjuicio para estos profesionales y sus respectivas fuentes. Un ataque a la profesión pero, sobre todo, a la inviolable libertad de expresión y al derecho a la intimidad. Si este caso sigue adelante puede sentar un precedente muy peligroso. Hay libertades y derechos que deben ser tan sagrados como la propia vida.