La seguridad ciudadana en la demarcación de Galapagar, donde se encuentra el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero, depende de la Guardia Civil. De muros para afuera de la finca, es la Benemérita quien se hace cargo de la seguridad y cualquier refuerzo o dispositivo extra que se coloque en la zona es competencia y responsabilidad del Instituto Armado. Un eventual refuerzo se produce cuando la Comandancia o el Servicio de Información detectan algún tipo de amenaza o riesgo extra para la seguridad. Pues bien, ni la una ni el otro solicitaron refuerzo o apoyo alguno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es quien ha dado directamente la orden de desplegar el operativo especial de seguridad en torno a la finca donde vive el vicepresidente y la ministra de Igualdad. Estamos, pues ante una decisión tomada por estrictos criterios políticos y, en ningún caso, de seguridad.
OKDIARIO ha venido informando de las protestas llevadas a cabo por un grupo de personas que, armados con peligrosísimas cacerolas, profirieron gritos contrarios a la pareja podemita. Nada que ver con los escraches alentados por Pablo Iglesias en su día contra dirigentes del PP. La Guardia Civil, a instancias del ministro de Interior, cerró los accesos a la vía, pública y de libre circulación, un blindaje que obligó a un despliegue absolutamente desproporcionado decretado por Fernando Grande-Marlaska.
La protección personal de los miembros del Gobierno atañe directamente al ministro y éste participa activamente en el diseño de los operativos de seguridad de sus compañeros, pero obviamente se toma con criterios técnicos en función del grado de amenaza observado por responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
OKDIARIO ha podido saber que la orden de Marlaska fue comunicada a la Comandancia, que la trasladó a la Compañía de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial, la unidad territorial encargada de planificar, coordinar y dirigir las misiones encomendadas a la Guardia Civil en esa zona de Madrid en la que está encuadrado el municipio de Galapagar. Se da la circunstancia de que, al no tener el puesto de Galapagar medios humanos suficientes para el operativo ordenado, se movilizaron agentes de El Escorial, Villalba, Hoyo del Manzanares y Torrelodones.
Lo que está claro es que el blindaje del casoplón no respondió a razones de peligrosidad o al riesgo evidente de amenaza. Fue mucho más sencillo: Marlaska en persona decidió blindar a Pablo Iglesias e Irene Montero de los gritos y el ruido de las cacerolas. Corporativismo gubernamental. A los «marqueses de Galapagar» sólo les falta el mayordomo.
