¿Marlaska, son los funcionarios de prisiones de fuera de Cataluña de peor condición?

Ya es oficial, los funcionarios de prisiones de Cataluña son a todos los efectos «agentes de la autoridad», condición que el Gobierno de Pedro Sánchez niega al resto de funcionarios de prisiones de España. Un agravio que adquiere la condición de afrenta por la negativa del Ejecutivo socialista a otorgarles lo que otro socialista, Salvador Illa, sí ha aceptado. La diferencia, en este caso, es que el Gobierno de Cataluña tiene transferida la competencia de prisiones. Y el Parlamento catalán ha decidido cambiar la legislación dentro de sus competencias, después de que en marzo de 2024 un preso asesinase a Núria López, empleada como cocinera en la prisión de Mas d’Enric.

Ahora bien, la pregunta es obvia: ¿Qué argumentos defiende el Gobierno socialista de España para negarles a los funcionarios de prisiones lo que otro Gobierno socialista, en este caso el de Cataluña, concede? No hay ninguno, porque lo logrado por los funcionarios catalanes es lo mismo que llevan reclamando el resto de funcionarios de este sector en toda España y que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el ministro Grande-Marlaska  al frente, se ha negado a acometer hasta la fecha.

Se conoce que para que el Gobierno de Sánchez cambie de opinión es necesario que se produzca un caso como el asesinato registrado en la prisión catalana de Mas d’Enric. Según las cifras oficiales que recoge el Informe General de Instituciones Penitenciarias, el portal de Transparencia y las propias respuestas parlamentarias ofrecidas en los últimos años, en las prisiones del resto de España —las de Cataluña no están contabilizadas por ser una competencia transferida y llevar su propia estadística— se producen alrededor de medio millar de agresiones al año. Cifra que a Marlaska debe parecerle poca. Es lo de siempre: tristemente el único argumento que haría cambiar de opinión al Gobierno de Pedro Sánchez es que un funcionario de prisiones fuera asesinado fuera de las cárceles de Cataluña.