Marchena, referente de la dignidad del Estado

En vísperas de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1-O, dos posturas pugnan en la recta final de las deliberaciones. Por una parte, Manuel Marchena, presidente de la Sala, defiende la tesis de la «conspiración para la rebelión», fórmula intermedia entre la sedición y la rebelión; por otra, la defendida por la magistrada Ana Ferrer, que sustenta  la tesis de la sedición, en la línea de lo solicitado por la Abogacía del Estado.

El tiempo se acaba -la sentencia será publicada previsiblemente en los próximos días- y las deliberaciones buscan estos días llegar a un punto de encuentro. Todo parece indicar que la tesis con menos fuerza es la mantenida tanto por la Fiscalía como la acusación particular, que defienden que la celebración ilegal del referéndum separatista fue constitutiva de un delito de rebelión.

La Sala busca la unanimidad, porque en un asunto tan sensible como éste la aparición de votos particulares significaría una quiebra en el alto tribunal indeseable en una «cuestión de Estado». Lo que tienen claro los magistrados es que no se pueden permitir fisura alguna que pudieran utilizar las defensas de los políticos encarcelados en posteriores recursos ante los tribunales de la UE. Por eso, la consigna que prima en estos momentos es lograr el consenso a toda costa.

Marchena busca que se adecue a la tesis de “conspiración para la rebelión”, algo que elevaría las penas frente a las del tipo de sedición, y que no exigiría la constatación plena de la existencia de violencia, sino el hecho de que se buscó ese choque violento como parte de la estrategia golpista.

La clave está ahí: la pugna final está en si prevalece un rastro de la tesis de rebelión o si, por el contrario, la presión de los magistrados más cercanos a Ferrer hacen valer el temor a uno o varios votos particulares para que la sentencia se adecue plenamente a un delito de sedición.

Lo que no admite duda alguna, en todo caso, es que la actuación de la Sala del Supremo es toda una garantía de la calidad de nuestro Estado de Derecho. Sea cual sea el resultado, lo que está claro es que los procesados subvirtieron el orden constitucional.