Lo de la Diputación socialista de Badajoz es obstrucción a la justicia

Es sencillamente inaceptable y raya con el delito de obstrucción a la justicia que la Diputación socialista de Badajoz impida a la juez que investiga a David Sánchez por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias acceder a la documentación que le ha solicitado. Que la instructora lleve 26 días esperando que remitan el contrato laboral del hermano del presidente que les pidió a principios de junio, demuestra hasta qué punto el PSOE ha decidido entorpecer la investigación judicial y tratar de dificultar por todos los medios que las pesquisas sigan adelante. La solicitud judicial se hizo a la Administración pacense presidida por el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que también está investigado –lo que antes se conocía como imputado– en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Cabe recordar que la juez Beatriz Biedma vio indicios de delito en la contratación del hermano del presidente y decidió abrir diligencias previas hace tan sólo unas semanas. De este modo, decidió imputar al hermano de Pedro Sánchez, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a un trabajador de recursos humanos. Todos ellos permanecen en la causa en calidad de investigados, pero -y he aquí la gravedad del asunto- la Diputación de Badajoz se niega a enviar la documentación solicitada por el juzgado, consciente de que a partir de que la misma obre en poder de la juez los investigados podrán ser llamados a declarar en cualquier momento.

Esto pasa de castaño a oscuro, porque desde que la instructora reclamara «a la mayor brevedad posible toda la documentación relativa» a la contratación laboral del hermano de Pedro Sánchez así como sus «funciones esenciales, desempeño, horarios, salario y existencia de para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo» ha pasado casi un mes. Cabe esperar que la probada paciencia de la juez no sea infinita.

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