La ley de vivienda: un debate insuficiente
Uno de los grandes temas políticos de la última semana ha sido el relativo al anuncio de una Ley de vivienda por parte del Gobierno. Ley que al parecer es moneda de cambio para el apoyo de Unidas Podemos a los Presupuestos Generales del Estado. Según han anunciado, la ley pretende crear instrumentos para intervenir el precio de los alquileres, así como otras ayudas para fomentar el acceso al alquiler, especialmente de los más jóvenes. Las primeras reacciones por parte del sector no resultan nada esperanzadoras: a más intervención habrá menos inversión, y por tanto previsiblemente menos oferta de casas en alquiler.
Para juzgar la situación en la que estamos vale la pena recordar la historia. Hace relativamente poco vivimos situaciones más graves que la actual Uno de los momentos de mayor “emergencia habitacional” (como decimos ahora) de nuestra historia reciente tuvo lugar a mediados del siglo XX. El éxodo masivo del campo a las ciudades, unido al crecimiento de la población, generó considerables poblados de chabolas alrededor de las grandes ciudades. Tras varios intentos fallidos (un problema así no se soluciona de un golpe), en poco más de doce años el problema se sofocó con la construcción de más de cuatro millones de nuevas viviendas entre 1961 y 1973. Una línea que continuó en los años siguientes hasta la llamada “burbuja” de la primera década del siglo XXI. Dicha expansión habitacional se logró gracias a dos factores: 1º el aumento del suelo urbanizable y 2º el fomento indiscriminado de la construcción de viviendas protegidas. Hasta comienzos de los sesenta, dos de cada tres habitantes de las ciudades vivían en alquiler. Después del impulso de aquellos años, se alcanzaron porcentajes de propietarios superiores al 80% de la población. Gracias a ello, a día de hoy el 47% de los españoles viven en una casa propia ya pagada: no pagan por ella mensualmente ni a un acreedor hipotecario ni a un arrendador. Ello permite sobrevivir a muchos pensionistas.
El debate planteado la semana pasada prescinde absolutamente de por qué un porcentaje indecente de jóvenes se ven excluidos hoy (a diferencia de sus padres y abuelos) del acceso a la propiedad, saturando el mercado de alquiler porque no les queda otro remedio. Sólo se habla del alquiler, de sus precios, y de si habrá o no inversión suficiente. Se da por hecho directamente que en los próximos años se construirán edificios para alquilar (en lenguaje de negocios build to rent). La izquierda aboga por las restricciones. La derecha ha prometido que no las aplicará. Pero nadie entra en el tema de fondo: éramos un país de propietarios y estamos dejando de serlo.
La vivienda es cada día más inasequible. El suelo es escaso por una legislación que debería evitar la especulación (al menos eso dice la Constitución) y sin embargo contribuye a ella. La vivienda protegida es casi residual. Todo lo estamos fiando a unos inversores que vienen a tener a la gente arrendada de por vida. Nadie nos explica que ello excluirá de las ciudades a los pensionistas en unos años. El debate de la semana pasada es insuficiente.
Hace pocos días se presentó en Madrid un libro titulado «Votasteis gestos, tenéis gestos», de la autora María Blanco, editado por Deusto. El debate de la ley de vivienda vive en los gestos. Por eso la realidad lo desborda constantemente. Bajo las buenas palabras, los hechos son tozudos: los hijos y nietos de aquella generación de obreros propietarios serán inquilinos y deberán abandonar la ciudad cuando su pensión no les permita seguir pagando el alquiler. El debate, uno más, resulta insuficiente.
Lo último en Opinión
Últimas noticias
-
Cómo afectarían los aranceles de Trump a la UE, México, Canadá y China en cuanto a petróleo, acero y gas
-
Aviso muy urgente por los testamentos: problemas con la cuenta del banco si no pone esto
-
El Barça se convence para pelear la Liga
-
Sánchez consuma el asalto al PSOE valenciano: su comisionado para la DANA preside el PSPV
-
El gasto turístico aumenta un 12,3% en Baleares hasta noviembre de 2024 y supera los 22.000 millones