Ayuso acierta porque no se le puede hacer el juego a la izquierda

Ley trans

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se va a plegar a la exigencia de Vox para que derogue la Ley Trans de la región, pero sí que va a modificar un asunto polémico de la norma aprobada durante el Gobierno de Cristina Cifuentes: el derecho de los menores a «recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, situación que se determinará utilizando datos objetivos como la medición del nivel de estradiol y testosterona, la velocidad de crecimiento o la madurez de los ovarios y gónadas, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados». Es cierto que la norma madrileña vincula estos tratamientos a la autorización de los padres o tutores legales de los menores, aunque el texto establece que «la negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal, podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor».

La ley de Cifuentes, en su preámbulo, afirmaba también que «la libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental, parte inescindible de su derecho al libre desarrollo de la personalidad». Ese preámbulo es más que objetable y ha servido, entre otras cosas, de cobertura a la izquierda para que haya ido todavía más allá en una ley absolutamente reaccionaria que permitirá la autodeterminación del género a los menores de edad. Por decirlo más claro: cuando la derecha se mete en camisa de once varas y rehúye el debate ideológico en un asunto como este lo único que hace es dar alas al feminismo más extremo. Es por ello que Isabel Díaz Ayuso hace bien en reformar los aspectos más lesivos de la norma del Gobierno de Cristina Cifuentes. Básicamente, porque no se puede combatir la Ley Trans del Gobierno socialcomunista sin modificar una norma de la Comunidad de Madrid que la izquierda puede utilizar como argumento de defensa.

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