Con la Justicia no se mercadea

Las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado no se pueden convertir en una barra libre para los deseos del PNV. El Gobierno ni debe ni puede aceptar la condición de dejar libres a los golpistas catalanes. En primer lugar porque la división de poderes ha de ser sagrada en cualquier sociedad del primer mundo. En segundo lugar porque unas personas que han ido en contra de la Constitución y del Estado de Derecho, generando un grave perjuicio a la nación, deben dirimir sus responsabilidades ante la Justicia sin ningún tipo de prebenda, del mismo modo que lo haría cualquier ciudadano. De lo contrario, ¿qué ejemplo e imagen se daría a la sociedad española? Por mucho que el Gobierno necesite el apoyo de los nacionalistas vascos para sacar adelante las indispensables Cuentas Públicas de 2018, hay ciertas barreras que deben ser insoslayables en la negociación.

Especialmente si tenemos en cuenta que el desafío golpista sigue adelante a pesar de la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna por parte del Ejecutivo. Sólo hay que mirar hacia Bélgica para comprobar en la persona del huido Carles Puigdemont que cualquier concesión a los independentistas catalanes sería el principio del fin para Cataluña y, por extensión, para toda España. ¿Qué gesto más allá de la ley, y sólo la ley, se puede tener con aquéllos que quieren “hundir la economía española”? La respuesta es simple: ninguno. Por mucho que la situación en Cataluña condicione las negociaciones con la formación presidida por Andoni Ortuzar, Mariano Rajoy y su equipo deben mantenerse firmes. El Partido Nacionalista Vasco también necesita esos Presupuestos aprobados como reclamo ante su electorado.

Resulta comprensible que el PNV quiera sacar tajada del contexto, pues en política cabe prácticamente todo menos la ingenuidad. Incluso es razonable que presionen al PP. Sin embargo, la libertad de los golpistas a cambio de apoyo supondría un mercadeo judicial inaceptable. El país necesita ese acuerdo para cerrar cuanto antes el capítulo presupuestario y mitigar en lo posible el efecto negativo que el golpe de Estado independentista tendrá sobre nuestro Producto Interior Bruto. Un acuerdo que sería bueno a nivel autonómico para Euskadi y bueno a nivel estatal para España, pero que en ningún caso puede suponer la firma de un cheque en blanco sin la más mínima restricción.