Juez y parte

Ha sobrado política y propaganda y ha faltado mesura y sobriedad. Después de que la Justicia declarara que el Pazo de Meirás es un bien público y retirara su propiedad a la familia Franco, la imagen en la que la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, recibía las llaves del pazo de manos de la juez Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, revela en sí misma el grado de politización de un acto que debería de haber sido mucho más discreto. La presencia de la juez no es irregular, pero el protagonismo de Marta Canales ha sido excesivo e inapropiado, toda vez que fue ella quien firmó la sentencia del 2 de septiembre por la que el inmueble pasaba a ser un bien público. Esa circunstancia le obligaba a situarse en un segundo plano y a no convertirse en protagonista de un acto al que bien podía haber acudido un letrado judicial anónimo para ejecutar la orden de la magistrada.

Si la Justicia decidió quién de las dos partes, el Estado o la familia Franco, debían ser los propietarios legítimos del pazo, por una elemental norma de prudencia la juez tendría que haber evitado convertirse en protagonista del acto. Nada que objetar a su decisión judicial, pero sí a su disposición a prestarse al ‘show’. La escenificación  y el alarde resultan improcedentes, pues un juez no sólo tiene que ser imparcial en sus sentencias, sino que también tiene que parecerlo. No cabe dudar de la imparcialidad de Marta Canales, pero su protagonismo es un error descomunal que, ante los ojos de muchos, la convierte en juez y parte.

Las valoraciones políticas que ha realizado la abogada general del Estado también han destilado un tufo político innecesario. Su intervención fue un puro desatino: «Se produce -dijo- la feliz coincidencia de que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y la significación que este acto tiene en términos de memoria democrática encaja de manera muy especial con este día», afirmó Consuelo Castro.

Estábamos ante un acto de entrega -la toma de posesión del pazo por parte del Estado- y aquello se convirtió en otra cosa. Un acto de propaganda política en el que ni la juez ni la abogada general del Estado estuvieron a la altura de las circunstancias