Juan Carlos I se marca un Monedero

A principios de 2015 se filtró a la prensa que la Agencia Tributaria, dependiente en aquellas fechas del ministro Montoro de nefasto recuerdo, estaba investigando una transferencia de 425.150 euros que el podemita Juan Carlos Monedero había recibido en su cuenta corriente personal, en octubre de 2013, procedente del Banco del ALBA, integrado por los Gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etc. Monedero transfirió inmediatamente el dinero a otra cuenta bancaria cuyo titular era una sociedad que acababa de constituir, Caja de Resistencia Motiva 2, con la que emitió la correspondiente factura, redondeando su importe a 425.000 €. La diferencia entre que esos trabajos que Monedero había prestado durante los tres años anteriores al nacimiento de la mercantil con la que emitió la factura y a la que transfirió los fondos los declarase la sociedad o lo hiciera personalmente es que esta artimaña le permitía tributar dichos ingresos al 25% a través del Impuesto de Sociedades, en lugar de hacerlo al 52% a través del IRPF.

Una vez avisado por la prensa, Monedero estuvo varios días jugando al gato y al ratón con los funcionarios que lo perseguían para entregarle la notificación del inicio de la inspección. Hasta en tres ocasiones los emisarios de la Agencia Tributaria trataron de localizarlo sin éxito en su domicilio, e incluso fueron a buscarlo a su trabajo en la Universidad Complutense. No lo consiguieron hasta la tarde del mismo día que, por la mañana, Monedero había presentado ya una declaración complementaria mediante la cual pagaba los 200.000 euros de impuestos que realmente le correspondía abonar, sobre los cuales solamente se añadiría el correspondiente recargo del 20% por haberla presentado fuera de plazo, pero no se le podría cobrar sanción por el intento de fraude ni, por supuesto, se le podría acusar de ningún delito fiscal, razón por la cual Monedero deberá estar de por vida agradecido a los de Cristóbal Montoro.

El pasado domingo supimos que el Rey emérito, Juan Carlos I, se ha marcado un Monedero para regularizar su situación fiscal en España, presentando ante la Agencia Tributaria una declaración que plasma los ingresos ocultos hasta el momento y que son imputables desde el punto de vista fiscal a la figura de Juan Carlos I, igual que hizo en 2015 su tocayo Monedero. Esa declaración fiscal complementaria sólo se corresponde al uso, por parte de Juan Carlos I y de algunos de sus familiares, de tarjetas bancarias con fondos opacos procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía ya que, supuestamente, se correspondería con actuaciones ocurridas entre 2016 y 2018, cuando el Rey emérito ya había abdicado y perdido, por lo tanto, su inmunidad. Aparentemente el importe defraudado superaría los 120.000 euros, igual que en el caso de Monedero, límite a partir del cual se considera que existe delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

Cuando en 2015 le preguntaron a Monedero por qué había intentado hacer aquella artimaña, contestó echándole la culpa a sus asesores fiscales, diciendo que él había actuado en todo momento tal y como le habían aconsejado. Es de suponer que el Rey Juan Carlos también tendrá abogados y asesores a los que responsabilizar. Monedero dimitió de todos sus cargos en Podemos tres meses después de este escándalo. Don Juan Carlos no puede dimitir porque ya abdicó en junio de 2014, tras casi 40 años de servicios a la democracia española. Cualquier comparación entre nuestro monarca y el podemita es ofensiva para el primero. La trayectoria vital y los servicios a la patria prestados por el Rey, frente al insignificante currículum del que fuera asesor del tirano Hugo Chávez, hacen que no merezca la pena insistir en ello. Tan sólo quiero dirigirme a los simpatizantes de Podemos para decirles que se limpien la boca con lejía antes de atreverse a criticar la aplicación por parte del monarca del mismo derecho legal que utilizó el que entonces era líder de su partido.