Una instrución judicial bajo sospecha

Tendrá que explicar  el juzgado de la juez Nuria Ruiz Tobarra que investiga la tragedia de la DANA las razones por las que decidió ocultar a uno de los imputados, Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat valenciana, que la Fiscalía había solicitado días antes su desimputación, obligándole a declarar como investigado sin que su defensa tuviera conocimiento del pronunciamiento del Ministerio Público.

Esto es, el juzgado hurtó un aspecto clave sin dar la menor explicación. El informe de la Fiscalía, con fecha del 9 de abril, no fue notificado a la defensa de Argüeso hasta el 11 de abril, después de que éste ya hubiera comparecido como investigado ante la juez que instruye el caso de la DANA, lo que resulta desde un estricto punto de vista procesal inexplicable y alienta las sombras de sospechas sobre la instrucción judicial.

La Fiscalía argumentó que la imputación de Argüeso, basada únicamente en su cargo oficial, «confronta con el propio principio de culpabilidad que rige el derecho penal», por lo que se opuso a la imputación dejando abierta la posibilidad de un futuro procesamiento si la investigación revelara que Argüeso tuvo alguna responsabilidad específica que «hubiera podido evitar o disminuir» las muertes ocurridas durante la catástrofe.

En definitiva, que el Ministerio Público afeaba a la juez «desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea». Argüeso era secretario autonómico de Emergencias, el número dos de la Consejería que dirigía Pradas, y fue imputado el 10 de marzo citándole a declarar el 11 de abril junto a la ex consejera, también investigada en la causa. No se trata de descalificar la actuación de la juez, sino de invitar a su juzgado amablemente a explicar las razones que le llevaron a ocultar a la defensa de un imputado el pronunciamiento de la Fiscalía. ¿Por qué?