La ineficiencia del sector público: el caso de MUFACE

Las tres aseguradoras médicas que prestaban servicio a MUFACE, la mutua de los empleados públicos de la Administración Central, que son Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse con los actuales precios de licitación, ya que consideran que no cubren costes, con lo que el concurso ha quedado desierto y la atención a los empleados públicos, en el aire, concluyendo en febrero. La ley de contratos del sector público no obliga a las aseguradoras a mantener dichos servicios, pues la nueva licitación del concierto no se aprobó en el tiempo previo -tres meses- al que obliga la legislación. Por tanto, desde febrero, 1,2 millones de mutualistas quedarán sin cobertura sanitaria y tendrán que pasar a la sanidad pública.

Ese hecho hará que la sanidad pública colapse, pues no cuenta con medios para absorber, de la noche a la mañana, a más de un millón de personas. Eso provocará, por un lado, retrasos en la atención médica; por otro, incremento de coste para tratar de atender a dichos pacientes.

Lo lógico sería que el Gobierno tratase de arreglar el problema licitando a un precio razonable, que incentivase a las aseguradoras a pujar por él, porque seguiría siendo muy positivo para el sector público, ya que la mayor eficiencia privada ahorra costes, libera pacientes de la sanidad pública y, por tanto, consigue ganancias de eficiencia. Sin embargo, la Ministra de Sanidad, Mónica García, parece empeñada en acabar definitivamente con el sistema, en su cruzada contra la sanidad privada, con la que quiere acabar. Adicionalmente, como la presión fundamental sería en Madrid, por el mayor número de empleados públicos que la Administración Central tiene en dicha región, puede que otro objetivo de la Ministra de Sanidad sea poner en aprietos a Madrid.

El Gobierno dice que en nueve meses transferirá a dichos empleados públicos a la sanidad pública, de competencia regional, pero, en primer lugar, las aseguradoras no tienen obligación de prorrogar ese servicio; en segundo lugar, la compensación a las CCAA sería insuficiente; en tercer lugar, la ausencia de infraestructuras para este incremento de pacientes hará que colapse el servicio público o que la atención se demore.

El caso de MUFACE demuestra la ineficiencia del sector público a la hora de prestar un servicio. Un bien público puede proveerse y producirse por el sector público; o puede proveerse por el sector público y proveerse por el sector privado. La provisión, es decir, la financiación, siempre ha de ser pública, pero no es necesario que quien lo produzca sea el sector público. El caso de MUFACE, hasta ahora, era de provisión pública y producción privada. La ministra quiere ahora que provisión y producción sean públicas. Si hay 1,5 millones de empleados públicos que pueden optar al sistema de MUFACE y 1,2 millones lo elegían y sólo 300.000 se decantaban por la sanidad pública, es un claro indicador de que la eficiencia del sector privado es mayor, su calidad y su atención, pues, libremente, con mismo coste, eligen la producción privada.

Esto pone ante el espejo la demagogia gubernamental y muestra la ineficiencia del sector público, cosa que parece que al Gobierno no le gusta, por lo que quiere acabar con ello, pero supondrá un aumento del gasto público -y del déficit y la deuda, por tanto-, colapsará la sanidad y dejará a muchos pacientes crónicos o en tratamiento en una situación de incertidumbre, todo por no reconocer que el sector público gestiona mucho más ineficientemente que el sector privado.