Impuestos, no es solidaridad es coacción

Hay algo curioso en el debate fiscal. Siempre empieza igual: alguien dice que «hay que pagar más», pero nunca es él quien paga; siempre es «otro». El autónomo, el rico, la empresa, el trabajador. El que gana «demasiado». Ese ente abstracto al que se le puede cargar cualquier porcentaje sin consecuencias mágicas.

La Escuela Austriaca lleva más de 100 años explicando algo bastante sencillo: la riqueza no aparece porque el Estado la necesite. Aparece porque alguien ahorra, invierte, arriesga y coordina recursos bajo incertidumbre y riesgo. Eso no lo hace un ministerio. Lo hace una persona concreta con su dinero, con el fruto de su ahorro y de su trabajo.

Cuando subes impuestos no estás castigando una cifra. Estás alterando decisiones humanas. Estás diciendo: ahorrar menos, invertir menos, contratar menos, arriesgar menos. Luego, cuando todo eso ocurre, nos sorprendemos.

El profesor Huerta de Soto lo ha repetido hasta la saciedad: sin propiedad privada segura no hay cálculo económico racional. Y sin cálculo racional, lo que queda es arbitrariedad política. El problema no es solo cuánto recaudas; es que distorsionas todo el sistema de señales que permite coordinar una economía compleja.

El impuesto siempre se presenta como algo técnico, inevitable, casi higiénico. Pero no es neutral. Es una transferencia forzosa. Y eso conviene decirlo sin dramatismos, pero sin eufemismos y, en muchos casos, ese dinero produce más a la sociedad en manos de los que saben invertir con éxito que en las de políticos a expensas de sus conveniencias y arbitrariedades.

Que exista Estado implica que exista financiación. De acuerdo. La cuestión es el límite. Porque cuando el Estado deja de cubrir funciones básicas —seguridad, justicia, infraestructuras mínimas— y empieza a rediseñar la sociedad, a premiar comportamientos según criterios ideológicos o a mantener redes clientelares, la fiscalidad deja de ser un mal necesario y se convierte en un fin en sí mismo.

Y lo más llamativo es la asimetría moral. Si un particular retiene por la fuerza el 40 o 50% de lo que otro produce, lo llamaríamos abuso. Si lo hace el Estado con respaldo legal, lo llamamos justicia redistributiva.

No se trata de negar la cooperación social. Precisamente, el mercado es cooperación social voluntaria. Cada intercambio es un acuerdo libre donde ambas partes ganan. El impuesto, en cambio, no es voluntario. Y eso no lo convierte automáticamente en ilegítimo, pero sí en algo que debería tratarse con extrema prudencia.

Cuando la presión fiscal se dispara, el mensaje es claro: el éxito es sospechoso y el fracaso es financiable. Se penaliza al que acierta y se socializan los errores. Luego hablamos de incentivos perversos como si fueran un misterio antropológico.

No lo son. Un sistema que grava el ahorro desincentiva la previsión. Un sistema que castiga la inversión frena el crecimiento. Un sistema que exprime al autónomo reduce la iniciativa. Y después se reclama más intervención para corregir los efectos de la intervención anterior. Es un círculo bastante previsible.

La cuestión no es si debe haber impuestos. La cuestión es si el poder fiscal tiene límites reales o si hemos aceptado que el Estado posee un derecho preferente sobre la renta ajena.

La libertad no desaparece cuando se prohíbe hablar. A veces desaparece cuando se hace inviable económicamente disentir, emprender o simplemente prosperar al margen del poder.

Y quizá convendría empezar a formular la pregunta correcta: ¿cuánto de lo que generas te pertenece realmente?

Porque si la respuesta empieza a ser «cada vez menos», el problema ya no es contable. Es político. Y, sobre todo, es imprescindible replanteárselo.