La imprudencia de suspender los objetivos de estabilidad presupuestaria

Nos encontramos en un momento económico muy complicado derivado de la vertiente económica de la crisis provocada por el coronavirus. El Gobierno no adoptó medidas tempranas, como habría sido el cierre de fronteras con China en enero, por ejemplo, además de otras medidas suaves, para evitar, así, un contagio exponencial, que habría permitido no tener que tomar después las duras medidas que han hundido la economía al decretar su cierre productivo en marzo.

Una vez paralizada la actividad económica, comenzaron a diseñarse planes de actuación que paliasen la caída y tratasen de sostener la actividad y el empleo. Todo ello supone gasto, al que se añadirá el derivado de los avales que haya que ejecutar cuando comiencen los fallidos en los créditos ICO movilizados por el Gobierno, más el gasto adicional del ingreso mínimo vital y el creciente gasto que habrá en las prestaciones por desempleo, ya que con la nefasta gestión de Sánchez se está produciendo un derrumbamiento económico cuyas consecuencias se traducirán en miles de empresas cerradas y millones de personas en el paro. Sólo el juego de los estabilizadores automáticos, que incrementa el gasto por aumentar el número de prestaciones por desempleo y disminuye los ingresos por la menor recaudación derivada de la pérdida de actividad, impacta de manera muy importante en el saldo presupuestario, agrandando el déficit.

Todo ello, nos lleva a una situación que en 2020 dibuja un déficit superior al 10%, como estiman el conjunto de organismos nacionales e internacionales, como son el Banco de España, la AIReF, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI e incluso el propio Gobierno de la nación. Todos ellos -salvo el Gobierno, que todavía no ha proyectado su estimación de déficit para 2021, prevén el mantenimiento de un déficit muy elevado en 2021, que oscila entre un 5% y un 9,6%.

Eso hará que la deuda sobre el PIB en 2020 se coloque entre el 117,8% y el 129,5% del PIB -que hará que, en magnitudes comparables con el resto de países de la OCDE fuera de la zona euro, la deuda española, con este criterio, esté entre el 139,5% y el 151,2%-.  En julio de este año, con las proyecciones de PIB nominal del propio Gobierno, ya se sitúa en el 115,34% del PIB.

Todos -déficit y deuda- son datos que no pueden sostenerse en el tiempo, por lo que hay que poner medios para no colapsar. No quiere ello decir que la economía española esté en peligro -entre otras cosas, por el respaldo del BCE-, pero sí que podría llegar a estarlo si no se ataja el gasto.

Atajar el gasto significa, tal y como decían el Banco de España y la AIReF, así como la Comisión Europea, que en 2020 hay que tomar las medidas de gasto necesarias para sostener coyunturalmente el cierre productivo, incluso que se puede ser algo más laxo en 2021 que en un ejercicio normal, pero que paralelamente hay que implantar reformas estructurales que permitan hacer crecer la economía y equilibrar las cuentas. Y en este equilibrio de las cuentas públicas es fundamental no generar gasto estructural.

Ya en 2021 vamos a tener todavía un peso importante de los estabilizadores automáticos, pues hasta que no se recobren los niveles de actividad y empleo de 2019 no vamos a eliminar del todo ese impacto. Ahora bien, lo que no se puede hacer es estar realizando, como se está haciendo, actuaciones de gasto en 2020 que no sean coyunturales, de un único ejercicio, porque si con los fondos para combatir la caída de 2020 se genera una estructura de gastos duradera en el tiempo, no lograremos equilibrar nuestras cuentas, tardaremos mucho más en recuperarnos y la situación económica y laboral permanecerá estancada en bajos niveles durante mucho tiempo.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez está avanzando peligrosamente por el camino del gasto estructural: aprueba el mencionado ingreso mínimo vital de manera permanente, que, como poco, tendrá un impacto de 3.000 millones de euros cada ejercicio, si no más, dado el carácter desincentivador y el efecto llamada que puede generar. Junto a ello, es una insensatez repartir 16.000 millones de euros a las regiones para combatir la situación derivada del coronavirus sin controlar que se dedican a una situación derivada del coronavirus, no para incrementar el gasto ordinario.

Como colofón, la última vuelta de tuerca con la que se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria es la suspensión de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para los años 2020 y 2021. Esa decisión, en primer lugar, pretende saltarse la aprobación del techo de gasto no financiero en las Cortes, lo cual es una pésima noticia, porque un Gobierno tan poco ortodoxo como éste quiere tener manos libres para gastar hasta lo que no tiene.

En segundo lugar, es contradictorio, porque dice que no fijará a las CCAA un objetivo de déficit, pero al mismo tiempo afirma que les fijará uno de referencia, autorizándoles el endeudamiento sólo por ese importe. Eso puede provocar retrasos en los pagos si no se frena el gasto al quitar el objetivo y al mismo tiempo no se le autoriza el endeudamiento de una parte.

Y no parece que vaya a existir ese freno cuando al eliminar el objetivo se hace una llamada clara al incremento exponencial del gasto. Los responsables de Hacienda de cada una de las administraciones españolas van a tener complicado frenar el deseo de gasto de sus compañeros de Gobierno, pues éstos esgrimirán que no hay límite de déficit. Sólo se podrá frenar ese incremento si los líderes de dichos gobiernos asumen en primera persona que no se puede gastar más, sino menos, cosa que deben hacer.

Por último, la eliminación de los objetivos encierra una trampa, porque mantiene el cumplimiento del período medio de pago, pero no dota a las regiones de un procedimiento más ágil de endeudamiento. Da la sensación de que el Gobierno de la nación puede tratar de inducir que las regiones incumplan el período medio de pago para meterlas en el FLA y obligar a dichas administraciones a subir los impuestos. Parece especialmente diseñado contra Madrid, como antes lo fue el Sistema de Financiación Autonómica de diciembre de 2009, los objetivos de déficit asimétrico de julio de 2013, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el impuesto de patrimonio de diciembre de 2013, el RDL de los mecanismos adicionales de financiación de diciembre de 2014 y las medidas de restricciones a la movilidad de la resolución del ministerio de Sanidad de este jueves. No sólo es una medida nociva contra la sostenibilidad de todas las cuentas públicas, sino que además constituye un nuevo ataque contra la Comunidad de Madrid, obsesión del Gobierno, porque la mejor gestión de Madrid sitúa al Gobierno de la nación ante el espejo de su propia incompetencia.

España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar, máxime ahora que los políticos pueden aprovechar que no hay un calendario electoral cercano, lo que debería ahuyentar la tentación política de querer ofrecer medidas electorales de gasto a los votantes. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos y llevar a cabo un control riguroso para que coyunturalmente en 2020 y en 2021 no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo, pero el Gobierno va por otro camino en el tiempo libre que le queda mientras asedia deslealmente a Madrid.