El Gobierno presionó para sepultar el ‘caso Koldo’

Resulta ciertamente sorprendente que alguien que era el perejil de todas las salsas en el PSOE sea ahora sólo una manzana podrida, pero en el turbio asunto de los contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, que ahora están siendo investigados por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de un entramado liderado por el ex asesor de José Luis Ábalos Koldo García, los antecedentes no engañan: esa empresa se convirtió en uno de los principales proveedores de material sanitario del Ejecutivo para atender las necesidades de la crisis sanitaria y recibió adjudicaciones de casi 53 millones de distintos ministerios y gobiernos autonómicos.

¿Alguien se cree que Koldo García, por sí solo, pudo movilizar a los Gobiernos autonómicos del PSOE de Canarias y Baleares -presididos por el actual ministro de Política Territorial, Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, además de al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska? Esa contratación levantó sospechas ya en 2020 que derivaron en una denuncia en el Tribunal de Cuentas. Y la respuesta del Ejecutivo fue la de utilizar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para defender a la empresa y exonerar de cualquier responsabilidad al Ejecutivo.

En la denuncia se ponía el acento en la adquisición de mascarillas por parte de Adif y de Puertos del Estado -ambos entes dependientes del Ministerio de Transportes- «burlando cualquier tipo de control de las operaciones». Y se aportaban datos: Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL «no tenía dedicación a temas sanitarios sino a la intermediación en el comercio de productos diversos» y «estaba administrada por la empresa Purdey Investment, SL, que figura como deudor fallido de la Agencia Española de Administración Tributaria». Asimismo, se destacaba que «el administrador único de la citada compañía es propietario, copropietario o directivo de al menos veinte sociedades, algunas de las cuales están situadas en paraísos fiscales».

Pues bien, ¿qué hizo el Ministerio Público y la Abogacía del Estado? Pues negarse a investigar, porque todo- según ellos- había sido tramitado de forma «adecuada» y «necesaria». Es más, se permitieron el lujo de afirmar que los hechos denunciados no suponían «menoscabo de fondos públicos» ni cabía «apreciar dolo o negligencia grave en las personas contra las que va dirigida la acción pública, ya que actuaron en el contexto de una situación desconocida y de extrema gravedad». Parece obvio que el caso Koldo va mucho más lejos de la figura del ex asesor de Ábalos. Tan lejos que el Gobierno trató de esconderlo utilizando las instituciones del Estado