Giliburocracia

Un vecino de Barcelona podrá dirigirse en catalán a una institución pública dependiente de la Administración General del Estado en cualquier parte del territorio nacional (Andalucía, por ejemplo), del mismo modo que un vecino de Bilbao podrá dirigirse en vascuence en Extremadura o un vecino de Vigo podrá hacerlo en gallego en la Comunidad de Murcia. El Gobierno impulsará  su plan para extender la obligación de los funcionarios de atención al público de conocer las lenguas oficiales (catalán, euskera y gallego), de forma que los ciudadanos podrán dirigirse a la Administración en la lengua que elijan.

En diciembre de 2018, el Ejecutivo socialista ya reactivó el Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado, órgano que no se reunía desde hacía más de un año, y confirmó su voluntad de mantener encuentros periódicos. La por entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, insistió entonces en que «la Constitución consagra la pluralidad lingüística como un patrimonio que será objeto de especial respeto y protección» lo que implica «obligaciones para la Administración en relación con todas las lenguas de España».

En su plan de «reconocimiento y amparo de la pluralidad linguïstica de España», el PSOE apostó por la modificación del Derecho de Petición del ciudadano a la Administración, en concreto el artículo 5, para añadir un punto con el siguiente redactado: «Los peticionarios con residencia habitual en una comunidad autónoma que haya establecido la cooficialidad lingüística tendrán derecho a formular sus peticiones a los órganos de la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con sede fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma en cualquiera de las lenguas oficiales, aunque el procedimiento se tramitará en castellano».

Una cosa es el reconocimiento de cualquiera de las lenguas oficiales y otra bien distinta complicar y burocratizar aún más la Administración del Estado convirtiéndola en una torre de Babel. Lo que pretende el Gobierno socialcomunista es una solemne estupidez, que obligará a contratar funcionarios que hablen catalán, vasco y gallego en todas las administraciones dependientes del Estado en el conjunto del territorio nacional. Un gasto absurdo e innecesario para una medida que alargará todavía más los plazos de respuesta de la Administración a las peticiones de los ciudadanos. Si el español es el idioma oficial, ¿qué necesidad hay de complicar aún más las relaciones con los organismos públicos dependientes del Estado? Más le valdría al Gobierno de Pedro Sánchez velar por el derecho a que se respete el idioma español en Cataluña o Baleares, por ejemplo.