Fraude de ley para enchufar a amiguetes

Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997, norma que puso en marcha Mariano Rajoy en su etapa de ministro de Administraciones Públicas, los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente».

La ley contempla ciertas salvedades, justificadas siempre por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Tienen que estar motivadas y con la premisa de que no haya ningún funcionario en todas las Administraciones del Estado que pueda llevar a cabo el cometido de esa dirección general. Pues bien: el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha nombrado a 23 directores generales que no cumplen el requisito de ser funcionarios del Estado, una cifra sin precedentes que supone todo un fraude de ley, lo que podría llevar a la Federación de Asociaciones de de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) a recurrir dichos nombramientos ante los tribunales.

FEDECA ha expresado su malestar por «la profusión en la utilización de estas excepciones, por lo que puede suponer de demostración de verdadera falta de interés de la clase política para construir un modelo de función pública profesional e independiente de indebidas injerencias políticas». La excepción afecta, por ejemplo, a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que seguirá en manos de José Félix Tezanos, o a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). También, entre otros, a los titulares de las direcciones generales integradas en la Agenda 2030, que gestiona Podemos, como la de Derechos de los Animales, la de Migraciones, la de Inclusión y Atención Humanitaria, la de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o la de Consumo.

Estamos ante una actitud absolutamente fraudulenta del Gobierno socialcomunista, porque los argumentos que utiliza para orillar la ley son absolutamente inaceptables. Es tanto como asegurar que entre los miles de funcionarios con grado de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente que hay en España y que obtuvieron su puesto por oposición, no había ninguno capacitado para dirigir las direcciones generales que se han repartido entre un grupo de ‘amiguetes’.