Felonía histórica del Tribunal Constitucional

No hubo sorpresa. Se veía venir. La ponencia presentada al Tribunal Constitucional para su validación por su sospechosa vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas (Iznalloz,  66 años), una lega en materia de constitucionalismo, pasará a los anales históricos de esa instancia interpretativa de la Constitución como una felonía al Estado de Derecho. No ha podido resistir la presión de su jefe Cándido Conde-Pumpido, según dicen en los aledaños de la madrileña calle Domenico Scarlatti

Sus consideraciones para afirmar que la Ley de Amnistía se ajusta a la Constitución es algo que abriría las carnes hasta del último pastor de Las Hurdes. No tiene en cuenta criterios jurídicos, ni constitucionales; sólo se ha planteado cuestiones «políticas» cuando señala que la medida impulsada por Sánchez se hace por «interés general». ¿Qué interés general? Aquel que compra un gobierno a cambio de ciscarse en la ley de leyes? ¿Interés general es amnistiar a unos golpistas que atentaron contra el orden constitucional y democrático que los españoles por amplísima mayoría se dieron hace casi medio siglo?

El magistrado y gran constitucionalista de izquierdas Manuel Aragón, un profesional del Derecho de enorme inteligencia e integridad jurídica, lo ha dejado claro ante los falsarios argumentos de la señora Montalbán Huertas. Afirma: «La amnistía, lejos de servir a los intereses generales, fue una auténtica compra de votos. Lo prueba el hecho de que el candidato (Sánchez) y su Gobierno, que antes del 23 de julio afirmaban rotundamente que la Constitución no permite la amnistía, cambiase radical e inmediatamente de criterio, impelido por el interés particular, y no el interés general, de contar apoyos para la investidura parlamentaria».

Frente a hechos no caben argumentos, mucho menos si son falsos… por devolver el favor o lo que sea.