Con el euskera no se curan enfermos

El que avisa no es traidor, dice el siempre sabio refranero español. Algún día lamentaremos profundamente las negligencias de ciertos presidentes autonómicos. Políticos como Iñigo Urkullu o Francina Armengol actúan con total irresponsabilidad cuando anteponen sus ambiciones nacionalistas a la calidad de la sanidad en el País Vasco y Baleares. Resulta delirante que en la región vasca se valore más el conocimiento del euskera que el currículo de un sanitario brillante. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en los requisitos para acceder a una plaza fija de farmacéutico. El conocimiento del euskera suma 18 puntos mientras que un doctorado cum laude sólo 10. 

Parece que lo de menos es la atención médica y lo de más el uso de la lengua, el adoctrinamiento y, por ende, la persecución del español, tanto en su uso personal como profesional. Una merma gravísima para el bienestar de los ciudadanos que no se ponderará con la seriedad que merece hasta que no ocurra algo grave. Si hay una profesión donde el profundo conocimiento de la materia siempre es una obligación esa es la medicina. Sin embargo, sumergidos en las corrientes del nacionalismo radical, algunos políticos parecen no tener conciencia de la gravedad de sus actos ni de las posibles consecuencias. Parece como si las personas fueran lo último y siempre estuvieran por delante los espurios intereses del nacionalismo. 

Una corriente que, surgida en Cataluña, comienza a recorrer España como una pandemia. Lo que ocurre ahora en el País Vasco no es más que la adaptación de la corriente que ya ha impuesto la independentista Francina Armengol en Baleares. Allí, penalizan sin promoción ni posibilidad de traslado a los médicos que no consigan sacarse el título que acredite un sólido conocimiento de catalán. Un disloque que se reviste de mayor gravedad cuando los datos demuestran que de las 7.000 quejas que han recibido en la sanidad balear sólo cinco fueron por no atender en catalán. Las personas van al médico a que las curen, no a ser víctimas de una dictadura lingüística que menoscabe su derecho a una sanidad pública de máxima calidad.