En este país no cabe un imbécil más

El efecto contagio del nacionalismo se extiende por España como una pandemia de imbecilidad. En pleno siglo XXI, cuando Europa se abre de par en par y las relaciones laborales y económicas entre los individuos de los países miembros cada vez carecen de menos fronteras y trámites, esa corriente decimonónica es sinónimo de retraso e ignorancia. Sin embargo, dirigentes como Quim Torra o Iñigo Urkullu, lejos de crear rechazo con el esperpento que representan, animan a otros políticos a seguir la senda del ridículo. El último ejemplo lo encontramos en Aragón. La ‘Ley de actualización de los derechos históricos’ proclama desde este martes a la comunidad autónoma como un «país» poseedor de dichos derechos desde antes de la Constitución de 1978. El presidente de los aragoneses, Javier Lambán, se ha unido a los populistas de Podemos e Izquierda Unida y a los nacionalistas de la Chunta y el Partido Aragonés Regionalista para sacar una medida adelante que no sirve sino para hacer el ridículo y comportarse como auténticos ágrafos desde el punto de vista de la Historia.

Decir que Aragón es «un país» es desconocer que su capital actual, Zaragoza, fue fundada por César Augusto —de hecho se llamaba Caesaraugusta— en el siglo I antes de Cristo como parte de Hispania. A esa «Hispania» han permanecido hasta nuestro días y, por tanto, a España deben sus «derechos históricos», algo que hasta la llegada de la propaganda populista era indiscutible —y sigue siéndolo— para la gran mayoría de aragoneses. Entre otras cosas porque desde Asturias y la actual Aragón —con la ayuda de Navarra— España empezó la Reconquista ante el dominio musulmán. A lo que se llamó Reino de Aragón, por tanto, no fue más que una de las regiones cristianas que lucharon por devolver la unidad a la propia España. De ahí que decir que Aragón es «un país» antes de la Constitución de 1978 es de un desconocimiento total. Además, ese Reino de Aragón que luchaba por y para nuestro país, ya formaba parte oficialmente del Reino de España desde que Felipe V promulgara los Decretos de Nueva Planta en el siglo XVIII. Por desgracia, hay representantes irresponsables que no sólo están empeñados en repetir los errores del pasado, sino también en reescribir la propia historia.

Por otra parte, Pedro Sánchez está fomentando este tipo de iniciativas en las distintas comunidades. Lejos de cimentar un proyecto de España unida y fuerte, el presidente del Gobierno consigue que cada uno haga la guerra por su parte. Está más interesado en los objetivos inmediatos y particulares que en los proyectos de Estado que mejoren el país para las siguientes generaciones de españoles. En nombre del nacionalismo, unos radicales han tratado de dar un golpe de Estado en España a lo largo de los últimos meses. En su nombre, también, en territorios como País Vasco o Baleares se pondera más en un médico el conocimiento del euskera o del catalán que un currículo cum laude. El proyecto común que arrancó en 1978 se caracterizaba por una unión y una concordia lejanas al clima de fatua crispación en el que ha caído España. Si desde el Gobierno siguen echando gasolina al fuego que genera este tipo de veleidades, la esencia de la nación más antigua de Europa desaparecerá diluida en una lista interminable de reinos de taifas que sólo propiciará una gran crisis económica, amén de un severo retraso social, cultural e intelectual.