Opinión

Este Gobierno es ilegítimo

  • Carlos Dávila
  • Periodista. Ex director de publicaciones del grupo Intereconomía, trabajé en Cadena Cope, Diario 16 y Radio Nacional. Escribo sobre política nacional.

Lo es porque procede de una iniciativa, la moción de censura contra Mariano Rajoy, basada en la manipulación de una causa en la que se imputaba directamente al entonces presidente la responsabilidad de la corrupción del caso Gürtel. Ahora, el Tribunal Supremo ha sentenciado que esta irrupción de Rajoy en la formación de una mafia destinada a engrasar la maquinaria del Partido Popular fue una demasía intolerable firmada por el juez Ricardo de Prada, un magistrado ahora apartado de la Audiencia Nacional (se reincorporará en diciembre) cuya sintonía con la izquierda militante e incluso con Bildu quedó clara el día que participó en uno de sus actos y afirmó comprender las “causas del conflicto”. Excuso recordar a qué conflicto se refirió este juez. Antes del verano concedió una entrevista-masaje al diario gubernamental y allí perpetró dos opiniones igualmente significativas; una, que el Supremo le iba dar la razón y otra, en forma de sugerencia, que Rajoy no dijo la verdad en su audiencia en el Supremo, algo de enorme gravedad porque el ex presidente tenía que expresarse con autenticidad innegociable dada su condición de testigo.

Para aquel juicio la izquierda judicial y política no dio puntada sin hilo. Por lo pronto, recusó a los magistrados Concepción Espegel y Enrique López, achacándoles una cercanía prácticamente dolosa con el PP, cosa que, al menos en el caso de la primera juez citada era rotundamente falso. Sin embargo, esta siniestra operación sí evitó que De Prada corriera la misma suerte. Todo, como en tiempos de Franco, estaba atado y bien atado. El PSOE de Sánchez, ávido patológicamente de poder, urdió una estrategia destinada a conseguir que los huesos de Rajoy se marcharan de La Moncloa. En el PP de Génova se vivían momentos convulsos y directamente desobedecieron (esto está comprobado) las órdenes del entonces presidente del Gobierno y del partido, que no eran otras que éstas: pagar cuanto antes los doscientos mil euros que, según parece acreditado recibieron de los gestores de la Gürtel. Los servicios jurídicos no atendieron esta indicación y este miércoles curiosamente, el Supremo ha advertido que, si se hubiera producido la reposición, la causa no hubiera tenido lugar.

Y, al tiempo que se urdía la arquitectura judicial, se ponía en marcha la política. No está comprobado que el antiguo líder de Ciudadanos, Albert Rivera, participara directamente en su construcción, ahora bien, es rigurosamente cierto que el desencadenante oficial de la moción fue una declaración de Rivera tan terminante y enfática como la siguiente: “Esta legislatura ya está acabada”. El apoyo decisivo de la moción, el PNV, ahora, tras los últimos acontecimientos, está filtrando que Ciudadanos ya había acordado nada menos que con los leninistas de Podemos la presentación de una moción de censura. Esta confesión de parte es similar a la que hace un par de años realizó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, a un grupo de periodistas. Dijo en aquel momento: “Ciudadanos ya había acordado la moción, nosotros no nos podíamos quedar solos apoyando a Rajoy: es más, así se lo dije y le añadí: desde tu partido me han llamado para husmear si nosotros, previa tu dimisión, apoyaríamos a otro candidato del PP, y les dije que de ninguna manera”. De todos modos, dijera Ortuzar lo que dijera, nada hay más seguro que esto: en el seno del PNV se produjo una agria discusión; el propio Ortuzar y el portavoz en Madrid, Aitor Esteban, se pronunciaron en contra de dejar caer a Rajoy; fue el lehendakari Urkullu y los guipuzcoanos de Eguibar los que impusieron el derrocamiento.

Ya se ve como en la nómina de culpables de una moción fundamentada en una manipulación, por lo menos, de un proceso judicial, hubo cinco responsables: el juez De Prada, Pedro Sánchez, Albert Rivera, el PNV y los servicios jurídicos del PP. Por este orden. Ahora bien: no todos acopiaron la misma culpabilidad. Si hay que buscar al principal artífice de la moción, lo hallaríamos en el juez mencionado porque, sin su actuación, aquella moción no hubiera podido defenderse en Las Cortes. Un párrafo surgido de la siniestra mano (o sea, izquierda) del juez, sirvió a Sánchez como falsilla para expulsar a Rajoy de La Moncloa. El ahora “líder mundial”, tal y como se autodefine en una chusca demostración de egolatría, antes de subirse al estrado, ya había incluso encargado los colchones de la residencia presidencial. Por tanto, y no como mera especulación, hay que concluir afirmando que este Gobierno de ahora, reforzado además con un partido leninista que quiere demoler la Constitución, es hijo de aquella sesión parlamentaria articulada sobre la insidia del magistrado De Prada. Ahora está a punto de volver, seguro que Sánchez, como pago a sus servicios, le tiene reservado un puesto de privilegio en la dictadura barrenera que está organizando ladrillo a ladrillo, golpe a golpe.