España es hoy un Estado más serio y creíble que ayer

La sentencia del Tribunal Supremo hace a España un Estado mejor y más fuerte. El Alto Tribunal, que concita a los Messis y a los Cristianos Ronaldos de la judicatura española, impone al marido de la infanta, yerno del Rey emérito y cuñado del actual Monarca, Felipe VI, una pena de cinco años y diez meses de prisión por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales. Ni su apellido, ni su nombre, ni su condición social le han valido de nada al exduque de Palma. Urdangarin entrará en prisión. Será tratado como un español más, garantía de que el Estado de Derecho funciona a pleno rendimiento y con todas las garantías. Nuestra justicia demuestra así su solvencia. Nuestro país, su fortaleza y credibilidad. De hecho, ha sido una condena paradigmática si la comparamos con las consecuencias derivadas de grandes escándalos en casas reales tan consolidadas como las de Holanda o Reino Unido.

En la monarquía orange, por ejemplo, el ya fallecido príncipe Bernardo, marido de la Reina Juliana, se dejó sobornar por la compañía Lockheed en la década de los 70 a cambio de influir para que su nación comprara aviones de combate a esa firma estadounidense. Un hecho gravísimo que careció de castigo. Por no hablar de Bélgica, donde los numerosos escándalos por supuesta corrupción del príncipe Laurent sólo fueron castigados con una exigua multa de 16.000 euros por uno de ellos. Sin embargo, nuestro sistema judicial demuestra que quien la hace la paga, aunque sea miembro de una institución como la Casa Real, que se presumía intocable. Este debe ser un aviso también para huidos de la justicia como el golpista Carles Puigdemont. Nadie puede mantenerse al margen de la ley. Tarde o temprano, los delincuentes han de rendir cuentas ante un tribunal. Sea cual sea su apellido. Así ha pasado también en el ‘caso Urdangarin’ con el resto de implicados: el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, tendrá que cumplir 5 años y 8 meses, mientras que el expresidente del Govern balear Jaume Matas deberá hacer frente a una condena de 3 años y 8 meses.

Decisiones todas ellas sobre las que, como no puede ser de otra manera, la Casa del Rey ha reafirmado su «respeto absoluto a la independencia judicial». Precisamente ahí, sobre la independencia judicial, es donde se cimienta un país creíble tanto dentro como fuera de sus fronteras. La prosperidad y el porvenir de un país también están directamente relacionados con la credibilidad de su justicia, algo que incide de manera decisiva en las inversiones que vienen de fuera y, por tanto, son esenciales en el crecimiento económico de la propia nación. Amén de la justicia, otro de los aspectos fundamentales para calibrar la calidad democrática de un país es la salud de sus medios informativos. Sin el trabajo periodístico de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, que destaparon este caso en 2006 y lo continuaron en 2011, este desenlace nunca habría llegado. Tras la sentencia del Supremo, España es un país mejor en todos los órdenes de su sociedad.