La doble prevaricación de Batet
Con independencia de que el error del diputado Alberto Casero fuera humano o informático -explorar esa vía no conduce a nada-, lo cierto es que el parlamentario popular fue consciente de la equivocación y pidió, en tiempo y forma, cambiar el sentido de su voto al amparo de una norma en vigor. Y lo cierto es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tomó una decisión -no reunir a la Mesa- a sabiendas de que era injusta, lo que nos coloca delante de un delito de prevaricación.
Y eso es así, porque la Secretaría General del Congreso autorizó a Casero -el 1 de febrero, dos días antes de la votación- a emitir su voto de forma telemática, pero garantizándole, además, que dicha votación se realizaría en los términos de «la resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, de 21 de mayo de 2012». Y esa resolución obliga a revisar el voto a través de una comprobación telefónica por parte de los servicios de la Cámara y a reunir a la Mesa del Congreso si un diputado solicita con posterioridad votar de manera presencial. Eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado jueves, pero la presidenta mintió al no dar cuenta a la Mesa de la reclamación del parlamentario Casero y considerar unilateralmente el voto emitido telemáticamente como válido. Así, la norma salió adelante por 175 votos frente a 174.
Es decir, Batet se saltó dos premisas fundamentales de una norma que el día de la votación estaba en vigor -como así reconoce el escrito de la Secretaría General-: la primera, no cumplir el requisito de comprobar telefónicamente el voto emitido de forma telemática; la segunda, mucho más grave, no convocar a la Mesa del Congreso para que se pronunciara sobre si procedía que el voto informático del diputado Casero fuera anulado por error y permitirle votar de forma presencial, como solicitó. Y es que, además, Batet mintió al asegurar que la decisión de no cambiar el sentido del voto telemático era de la Mesa, cuando esta no fue ni informada ni convocada.
El comportamiento de Batet entra de lleno en el Código Penal. De eso sí que no hay ninguna duda. Y no fue un error como el del diputado Casero, sino una decisión perfectamente diseñada para alterar la voluntad democrática de la Cámara y lograr que saliera adelante una reforma laboral que, sin la actuación de la presidenta del Congreso, habría sido rechazada.
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