Desobedecer a los tribunales es delito, Pedro Sánchez

El Tribunal Supremo instó en su día a la Generalitat de Cataluña «a adoptar cuantas medidas fueran precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional  que considera al castellano lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán». El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)  fijó en un 25% la obligatoriedad de las clases en español en todas las escuelas catalanas. Pues bien, ni Tribunal Constitucional, ni Tribunal Supremo, ni Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Al Gobierno de Pedro Sánchez las decisiones judiciales, por muy de alta instancia que sean, se la bufan.

Hasta ahora, lo hacía sibilinamente, pero ya no se esconde ni oculta su intención de desobedecer. En esta ocasión, el Ejecutivo ha admitido abiertamente en el Congreso de los Diputados que no respetará las sentencias que obligan a que al menos el 25% de las clases en las escuelas catalanas se impartan en español. Así consta en una respuesta por escrito al Parlamento, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Y lo más surrealista es que, encima, lo hace afeando los argumentos de los tribunales de justicia: «Imponen este porcentaje para garantizar los derechos de las familias, pero el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido como mínimo a cada lengua». «La constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas, el castellano y la lengua cooficial, tienen presencia, no sólo como materias sino también como lenguas para enseñar y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno y equivalente en ambas lenguas».

O sea, que eso de garantizar un 25% de las clases en castellano, nada. El Gobierno ya utilizó ese mismo argumentario para responder, en agosto, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pero ahora lo reconoce abiertamente en el propio Congreso, el órgano constitucional que representa al pueblo español. Eso, lo que está haciendo Pedro Sánchez, es un delito de desobediencia, aquel que consiste en dejar de cumplir consciente o inconscientemente -en este caso conscientemente, lo que es aún más grave- órdenes emanadas de una autoridad judicial. A ese extremo hemos llegado.