Una denuncia mal enfocada: los responsables están por encima de Franco

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha acordado el archivo provisional del caso 8-M, al considerar que no hay indicios suficientes para imputarle al delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco, un delito de prevaricación por autorizar la multitudinaria manifestación feminista. Los argumentos de la magistrada para archivar la causa, entre otros, es que Franco “se ha limitado a tomar conocimiento de la concentración”. Ciertamente era difícil sustentar la existencia de un delito de prevaricación en la figura del delegado del Gobierno.

En realidad, la demanda estaba mal enfocada, puesto que centrar el objetivo de la misma en la figura de José Manuel Franco, un hombre honrado, suponía desviar la atención sobre los auténticos responsables de permitir la concentración: el ministro de Sanidad Salvador Illa, y el coordinador de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que eran quienes tenían la información suficiente para constatar que, efectivamente, el virus se extendía a velocidad de vértigo en vísperas del 8-M. Al convertir a Franco en el objeto único de la denuncia, se liberaba del foco a quienes disponían de los datos técnicos que certificaban, sin lugar a ningún género de dudas, que el virus se propagaba de forma exponencial.

Es cierto que el Gobierno se ha lanzado a una mezquina estrategia de deslegitimación de la Guardia Civil, descalificando, con la ayuda de sus terminales mediáticas, los atestados de la Benemérita. Hasta el punto de purgar a un coronel como Pérez de los Cobos, que dio un ejemplo de dignidad al negarse a incumplir la ley y revelar al ministro de Interior el contenido de los informes de la Guardia Civil. Pero más allá de la infamia del Ejecutivo socialcomunista, lo cierto es que la demanda contra Franco no tenía, desde un punto de vista jurídico, demasiado recorrido. Dicho de otro modo: son el ministro de Sanidad y el coordinador de Alertas Sanitarias los responsables de permitir una manifestación que se convirtió en una bomba biológica. Y por encima de ellos, los auténticos responsable: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y su vicepresidente Pablo Iglesias.