Demasiadas casualidades

Las aguas del Canal de Isabel II siguen bajando revueltas. Especialmente las que tienen que ver con Inassa, la filial colombiana que adquirió la Comunidad de Madrid en el año 2001 con Alberto Ruiz-Gallardón al frente. Parece demasiada casualidad que los testaferros de Ignacio González —en prisión incondicional por la Operación Lezo— sean los mismos que utilizó el Canal para la compra de dicha compañía. Una operación que se cerró en 83 millones de euros pero que, según la Fiscalía Anticorrupción, tenía un valor real que rondaba el 30% de la cantidad pagada. A pesar de que hay que esperar a su declaración, lo cierto es que el cerco se estrecha sobre la figura de Ruiz-Gallardón. Un hombre que, recordemos, hasta el momento ha tenido una trayectoria intachable. De hecho, es indiscutiblemente uno de los mayores talentos políticos que ha dado España en las últimas décadas.

La información que les ofrece en exclusiva OKDIARIO arroja más luz sobre esta maniobra ilegal financiada con dinero público a través de un paraíso fiscal. Operación donde tuvieron mucho que ver tanto el presidente del Canal por aquel entonces, Pedro Calvo, como su gerente, Arturo Canalda. Ambos, de manera inexplicable, siguen sin estar imputados. Canalda, incluso, está al frente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sin que nadie lo obligue a dimitir. Todos estos elementos constituyen un terreno abonado a la lógica sospecha, ya que desde el despacho panameño Obaldía & García de Paredes constituyeron la Sociedad de Aguas de América S.A. para adquirir Inassa por un precio sumamente inflado. Este despacho gestiona las ‘empresas pantalla’ de Ignacio González en Panamá y está detrás de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de González en Latinoamérica y también en prisión por la Operación Lezo.

Como cualquier ciudadano, Alberto Ruiz-Gallardón tiene derecho a demostrar su inocencia. Sin embargo, no parece de recibo que esté solo en esto cuando Calvo y Canalda siguen exentos. Gallardón presidía el Consejo de Gobierno en el que se acordó la adquisición de Inassa a través de la sociedad radicada en el territorio offshore de Panamá y donde también estaban el presidente de la empresa y su gerente. Un modus operandi que, desde luego, no favorece la transparencia deseable en cualquier institución pública que se precie. A pesar de que es inocente hasta que la justicia no diga lo contrario, Ruiz-Gallardón tendrá que dar muchas explicaciones ante tantas casualidades y todas ellas tan opacas. Pero además de él, hay dos personas que también tendrían que declarar para así averiguar todos los matices que conforman este tema.