El Consejo de Europa y la mujer del César

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha señalado con dureza a España por no cumplir ninguna de sus recomendaciones, entre ellas, la de conocer los bienes de los cónyuges de los altos cargos, siguiendo el modelo de otros países. Y es que en España el círculo de la transparencia tiene el diámetro más corto de la UE, pues sólo tienen que dar cuenta de sus bienes los titulares de puestos de alta responsabilidad del Estado, dejando fuera a sus familiares más directos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lo descartó alegando «restricciones derivadas de la normativa de protección de datos», una excusa desmontada por el Consejo de Europa al replicar que «siguiendo la experiencia de otros miembros de GRECO, se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información».

El pasado año, el organismo comunitario presentó un nuevo informe de evaluación del cumplimiento de esas recomendaciones, y mostró la misma decepción con el Gobierno español, dándole de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para presentar un nuevo informe de «avances». El malestar del Consejo de Europa cursa en paralelo con el escándalo desatado a cuenta de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En España, la Ley del Alto Cargo establece la obligatoriedad de revelar sus bienes al asumir el puesto y también al abandonarlo. La única mención a los cónyuges se hace, precisamente, sobre el conflicto de intereses, considerándose como tal «cuando la decisión que vaya a adoptar» el alto cargo pueda afectar «a los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad». En suma, que la ley se queda corta para las parejas de los altos cargos que tienen ambiciones muy largas…