OKDIARIO se pronunciaba ayer editorialmente sobre la situación de confinamiento forzoso en régimen de aislamiento ordenada por el Gobierno socialcomunista de Baleares para 235 jóvenes tras el «macrobrote» de Covid. El título de ese editorial era suficientemente explícito: «Pues si no es un secuestro, se le parece mucho». En efecto, el Juzgado Contencioso-Administrativo número de 3 de Palma ha propinado una sonora bofetada al Ejecutivo de Francina Armengol al decidir que el confinamiento indiscriminado a los más de dos centenares de estudiantes era contrario a la ley, pues mantener en esa situación a jóvenes que habían dado negativo o no se les había sometido a la prueba supone limitar un derecho fundamental.
Exactamente lo que defendía este diario. Y es que el Gobierno socialcomunista de Baleares no sólo confinó a jóvenes infectados, sino que extendió esta medida a 235 personas, algunas de las cuales habían dado negativo o estaban pendientes de someterse a los test. Un despropósito y una grave violación de un derecho fundamental. La Justicia le recuerda a Armengol que no se puede privar de la libertad a nadie y menos aún guiarse por meras sospechas. Lo insólito del caso es que Armengol decidió aplicar esa medida sólo a los estudiantes sospechosos de contagio y no al personal del hotel o a otros clientes que igualmente podían verse afectados por haber estado en contagio con positivos.
La pregunta es obvia: ¿Confinar forzosamente durante días en un hotel a un grupo de jóvenes, vigilados por la Policía, no es una detención ilegal? ¿Qué diferencia hay entre un confinamiento forzoso, contrario a la ley, que limita la libertad de movimientos de un grupo de estudiantes y una detención ilegal? Técnicamente, algún purista dirá que un confinamiento forzoso contrario a la ley y una detención ilegal no son lo mismo, pero lo cierto es que los derechos de 235 personas fueron conculcados por una decisión adoptada por un Gobierno socialcomunista que no termina de entender de qué va eso de la libertad.
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