Si hay independencia debe haber 155

Si Carles Puigdemont declara la independencia, el Gobierno no puede titubear y debe aplicar ipso facto el artículo 155 de la Constitución. Ocupar de ese modo las competencias controladas hasta el momento por los golpistas, suspender la autonomía y garantizar la paz social y el orden institucional a todos los catalanes. No puede ser de otra manera, ya que todo el país está volcado en la defensa de la unidad de España y en el respeto a la legalidad vigente. El Ejecutivo, por tanto, ha de seguir la senda iniciada por el jefe de Estado, Felipe VI, durante su alocución del pasado 4 de octubre. Un discurso que ha calado hasta los huesos en el pueblo español tal y como hemos podido comprobar a lo largo de este pasado fin de semana.

Primero, con la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid. La capital del país se llenó de banderas y más de 150.000 personas dijeron «basta ya» a la deriva sediciosa. Una reivindicación que tuvo continuidad el día después en Barcelona, donde la mayoría silenciosa rompió con el temor y alzó la voz hasta inundar de reivindicaciones el epicentro de Cataluña. En total, un millón de manifestantes gritaron contra el golpe político, económico y social que tratan de perpetrar Puigdemont y sus secuaces. El único diálogo posible con los golpistas es la ley. Y dentro de la ley, el artículo 155. La situación ha llegado ya a un punto insostenible. En el aspecto positivo, los españoles —mayoría silenciosa de Cataluña incluida— se han unido como pocas veces en nuestra historia reciente. En lo negativo, el goteo de empresas que dejan la región debido a la inestabilidad política aumenta sin pausa.

Algo que genera una inestabilidad económica que puede extenderse por todo el país y atenazar nuestro crecimiento así como generar dudas entre los inversores internacionales. El emblemático Grupo Planeta ha sido la última gran compañía en anunciar que dejará Cataluña si se produce la tan comentada declaración unilateral de independencia (DUI). El ataque independentista de Puigdemont al Estado ha provocado que 600 compañías hayan trasladado su sede social a otros lugares de España. El Gobierno, por tanto, tiene que reaccionar sin ambages contra los independentistas si este martes se atreven a consumar el golpe. Es la única salida que han dejado después de una cascada de ataques y provocaciones que buscaban una reacción desmesurada y sólo han encontrado la mano tendida de Rajoy su equipo… Hasta hoy, cualquier paso más sólo puede ser contestado con el 155.