La Abogacía del Gobierno de Pedro Sánchez -en otro tiempo, Abogacía del Estado- intentó apartar del procedimiento a las acusaciones populares del caso Ghali en el que se investiga si el líder del Polisario entró en España, en connivencia con el Ejecutivo, con documentación falsa. En una decisión insólita, la institución encargada de defender los intereses del Estado pidió que se expulsara de la causa al denunciante de los hechos, el abogado Antonio Urdiales, y a la acusación que ejercen otros dos ciudadanos, o en su defecto, exigió que el juez les impusiera una fianza de 150.000 euros. La abogada del Estado achacó al letrado que impulsó la denuncia la «gran difusión de distintos informes o documentos que figuran aportados al sumario». Incluso pidió que fuera sancionado con una multa de hasta 10.000 euros. Todo vale por proteger al Gobierno socialcomunista, incluso enfangar el prestigio de una institución que se ha convertido en el escudo protector del Ejecutivo. Por fortuna, el juez ha desestimado las atrabiliarias demandas de la Abogacía del Estado, que ha quedado como Cagancho en Almagro al comprobar cómo todas y cada una de sus peticiones han caído en saco roto. El juez no ha impuesto ninguna fianza a la acusación popular, lo que revela hasta qué punto el magistrado considera surrealistas las exigencias de una Abogacía que ha rizado el rizo del ridículo en su papel de defensor del Ejecutivo socialcomunista.
Porque, no nos olvidemos, el papel de la Abogacía del Estado no es el de defender a miembros del Gobierno que han podido cometer delitos graves en el desempeño de sus cargos, sino todo lo contrario. Su obligación es defender al Estado del comportamiento supuestamente ilícito de los altos cargos del Ejecutivo. Eso es de primero de Derecho, pero para la Abogacía de Pedro Sánchez la ley se supedita a los intereses políticos del Gobierno socialcomunista. Quién la ha visto y quién la ve. No se puede caer más bajo.