La Banca y Basilea III

La estabilidad del sistema financiero siempre ha sido una preocupación de reguladores, supervisores y gobiernos, pues dicho sistema financiero es el corazón que permite que la economía funcione en un sistema de mercado. El sector empresarial lo necesita de manera determinante para poder llevar a cabo sus inversiones, sus proyectos de expansión, en definitiva, su producción. Los consumidores, del mismo modo, lo precisan para poder realizar sus transacciones, acceder a bienes duraderos, poder acometer inversiones domésticas o tratar de sacar rentabilidad a sus ahorros. Es básico para el sistema capitalista de economía de mercado, que es el sistema preponderante y el que ha demostrado que ha dado y da mejores resultados. El avance y desarrollo de la sociedad no se concibe sin el sistema capitalista de economía de mercado y éste no funcionaría del mismo modo sin el sistema financiero. Ahora bien, la crisis que se inició con las hipotecas basura en agosto de 2007, hizo tambalearse al sistema financiero: la desconfianza se adueñó del mercado, por lo que los bancos no se prestaban entre sí, pese a la liquidez extraordinaria que la acción concertada de los principales bancos centrales inyectó en el mercado de dinero.

Muchas entidades quebraron y otras se reestructuraron y fusionaron. Por el camino, la crisis financiera, desatada por la titulización de unas hipotecas de baja calidad que se volvieron fallidas por incurrir en impago, alimentó una crisis de mayores dimensiones en lo que se llamó la economía real; no es que originase la crisis de la economía real, pues los impagos hipotecarios —que son problemas derivados de una mala coyuntura económica de la sociedad, a la que se unió en ese caso una laxitud en la evaluación de los riesgos de las operaciones concedidas— eran impactos procedentes de la economía real, sino que la acrecentó, y, a su vez, la economía real volvió a incidir negativamente sobre la financiera, y así sucesivamente. Junto a ello, las llamadas cláusulas abusivas impuestas en muchas hipotecas, las preferentes y demás derivados vendidos a personas sin perfil para ese riesgo y para la naturaleza de esa inversión, contribuyeron a dicho deterioro. El resultado completo fue que la actividad cayó en picado y millones de puestos de trabajo se esfumaron, además de conformar un sector bancario completamente distinto al del inicio de la crisis; no hay más que ver el caso español para ver el profundo impacto que tuvo real y financiero.

Pues bien, desde entonces, reguladores, supervisores y demás organismos comenzaron a tejer una regulación que buscaba reforzar la solvencia de las entidades. Realmente, cabría preguntarse si la crisis no se debió a poca regulación, cuando nos encontramos con el mercado —el del dinero— más regulado que existe, con monopolio en la oferta de dinero en cada economía, sino más bien a una posible abundante pero mala regulación y a una supervisión que pudo ser deficiente. En cualquier caso, dichos organismos impusieron importantes requerimientos de capital a las entidades que asegurasen su viabilidad a la hora de conceder operaciones de riesgo, operaciones de activo. Dichos requerimientos perseguían penalizar las operaciones más arriesgadas en función del perfil del cliente, obligando, para ello, a unos mayores requerimientos de capital. Igualmente, las circulares de los bancos centrales iban en la dirección de conseguir que las provisiones contables de las operaciones reflejasen la imagen más fiel de las mismas. Ahora, Basilea III y la nueva circular de provisiones de Banco de España, basada en las normas internacionales de IFRS9, ahondan en esa mayor prudencia.

Basilea III pretende acabar con los modelos internos por los que las entidades calculan los requerimientos de capital necesarios por operación y su senda trazada es la de la homogeneización en dicho cálculo para evitar que alguna entidad pudiese tener la tentación de calcularlo de manera que redujese el impacto, elemento que afectaría no sólo a dicha entidad, sino también al conjunto del sistema. Por otra parte, la nueva circular de provisiones de Banco de España toma el camino de exigir a las entidades que para sus provisiones abandonen la práctica del cálculo de la pérdida incurrida y lo hagan en función de la pérdida esperada, que no es más que la probabilidad de impago, multiplicado por el porcentaje expuesto de la operación que se vería afectado. De hecho, las entidades ya calculan así el riesgo a la hora de ajustar al mismo la rentabilidad que le exigen a cada operación de activo, que marca el precio que le tienen que poner, de manera que sólo resta que también se calculen con dicha metodología las provisiones. Igualmente, la circular realiza algunos cambios sobre las operaciones que penaliza más o menos en los requerimientos de capital exigidos. Todo ello reducirá algo el ratio de capital de las entidades y tendrá un impacto en las cuentas por mayor volumen de provisiones, pero debería ser positivo para el sistema. En cualquier caso, no olvidemos nunca que no debe ahogarse al sistema en un exceso de regulación, sino que debe ser la menor posible, pero atinada, eficiente, eficaz y efectiva.