Ayuso, contra la impunidad de la violencia en las universidades madrileñas

En una época marcada por la pusilanimidad y la mano ancha con quienes imponen por la fuerza su voluntad hay que apoyar la decisión del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso de elaborar un régimen sancionador específico que permita multar a las universidades que en sus campus consientan actos vandálicos, escraches, invasión de la vía pública, acampadas o protestas. Algo que, por desgracia, está de rabiosa actualidad, pues empieza a ser algo recurrente que grupos de individuos hagan de la universidad su particular gueto, impidiendo de malas maneras que profesores y alumnos puedan ejercer su libertad de cátedra y enseñanza.

No se trata en ningún caso de cercenar el derecho a la libertad de manifestación, sino de que se articule de forma que, al final, no se convierta en una forma de impedir, por la fuerza, en no pocas ocasiones, el derecho de los demás. Parece que, de un tiempo a esta parte, las universidades públicas han decidido mirar para otro lado y permitir que una minoría se imponga recurriendo, incluso, a la violencia.

Las universidades no son espacios de impunidad y deben tener el control de lo que pasa en sus instalaciones. Cuando se produce un delito es la Policía quien tiene que intervenir, pero para todo lo que no sea delito -pero sean actos que perturban de forma flagrante los derechos de la mayoría- la universidad tiene una responsabilidad de la que no puede abdicar. De modo que «dentro del respeto a la plena autonomía universitaria y a la libertad de manifestación y concentración», lo que pretende garantizar la Comunidad de Madrid es que exista un respeto absoluto de la legalidad.

La medida seguro que provoca sarpullido en la izquierda, tan partidaria de convertir la universidad pública en un campo de batalla cuando le interesa. Verán cómo se revuelve contra el plan del Gobierno de Ayuso. No tardará mucho. Será porque considera que la universidad es suya.