8J: por la democracia

Lo que es necesario, vitalmente necesario para garantizar la convivencia entre diferentes, es la democracia. Por eso la manifestación convocada este domingo 8 de junio en Madrid, en la Plaza de España, es una cita por la democracia, con la democracia y para la democracia.

Una cita para denunciar una enfermiza concepción del poder que pretende estabularnos separadamente a los ciudadanos para después marcarnos a hierro, a los considerados como propios y a los tenidos por ajenos. Para que, divididos y enfrentados, puedan manejarnos mejor en beneficio de sus intereses puramente personales.

Los de Pedro Sánchez se revelaron diáfanamente desde el momento en que escondió detrás de un biombo sus compromisos electorales del 23J -no pactar nunca con los herederos de ETA, no dejar en manos de los independentistas la dirección del Estado- para dar el cambiazo por todo lo que satisfaría a sus socios de investidura, aunque hubiera renegado de ello un día antes.

Los que llegaron como paladines de la lucha contra la corrupción han terminado conspirando contra los jueces y las fuerzas del orden y la ley por haber descubierto la entrada a las cloacas de La Moncloa y Ferraz. Su objetivo es blindar su impunidad con componendas de fontanería, porque a Sánchez le vale igual la chapuza de una Leire, un Bolaños o un Conde-Pumpido para hacer un roto al Estado de derecho.

Lo hicieron ya con sus socios de ERC y Junts, con un triple tirabuzón legislativo para desarmar la respuesta judicial y democrática al golpe secesionista: ley de amnistía, eliminación del delito de sedición y rebaja penal de la malversación. Y lo hicieron también consigo mismos, con una nueva trampa de Conde-Pumpido para convertir el Tribunal Constitucional en un Suprasupremo con el que desactivar las condenas al PSOE andaluz por los multimillonarios fraudes de los ERE.

Pero ahora Sánchez y sus afines vienen a por más. Porque la cleptocracia no para en mientes. Están robando el Estado a plena luz del día delante de las narices de todo el mundo. Los autodenominados defensores de lo público han puesto en marcha un acelerado proceso de privatización de las instituciones, empresas y cuentas públicas, para hacerlos suyas y utilizarlas para sus intereses personales, previo expolio a las familias, autónomos y empresas que las sostienen con sus impuestos. Hasta el punto de que un ministro haya hecho contratar por empresas públicas a sus «señoras putas», como diría Federico Fellini, en una situación que no se le habría ocurrido recrear ni al mismísimo director de Amarcord en la Italia fascista de sus tiempos mozos.

No importa que Sánchez no tenga mayoría parlamentaria para sacar adelante unos presupuestos del Estado, como establece la Constitución, mientras la vaca se siga dejando ordeñar. Las jaculatorias triunfales del sanchismo sobre la aparente buena marcha de la economía española, pese a la escalofriante caída del poder adquisitivo de las familias, son como el jolgorio de los bandoleros de Sierra Morena ante la llegada al desfiladero de una diligencia llena de cofres.

Con todo, lo más disolvente para la democracia es la permanente voluntad del sanchismo de decretar políticas de excepción contra la inmensa mayoría de los españoles. Políticas que expulsan como parias del presente y el futuro de su propia nación a millones de ciudadanos, mientras Sánchez desmonta paso a paso con sus socios la España constitucional que nos acoge a todos.

Hablamos del pufo catalán comprometido con los secesionistas y de la amenaza que supone para la igualdad entre los españoles y la propia viabilidad de los servicios públicos en el resto de las regiones. Pero también nos referimos a esas políticas de excepción, dictadas por legislaciones de pensamiento único, doctrinarias e inquisitoriales, que están oscureciendo el porvenir de España.

Ya hemos visto las consecuencias de este dogmatismo sectario en varias ocasiones, desde los beneficios carcelarios a miles de violadores hasta el gran apagón, pasando por la resurrección de las dos Españas.

Hoy es la Justicia la que está en el punto de mira de esas prácticas legislativas con las que el sanchismo decreta primero las amenazas a su nuevo régimen y después carga contra ellas. Primero fue la oposición, con la ominosa desarticulación del Parlamento, y después los periodistas, con la falsa guerra contra los «bulos» y los «pseudomedios», alentada por el gobierno más mentiroso y manipulador de Europa.

Ahora les toca a los jueces independientes, a los que se les arrebata la instrucción al tiempo que se derriba de una patada el acceso a la judicatura bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad para conseguir su colonización política, instaurando un remedo de aquellos tribunales populares de tan terrorífico recuerdo que dicten sentencias arbitrarias a gusto del poder y contra los considerados desafectos.

El 8J va de devolver a los españoles una España enajenada por un gobierno y un partido pantagruélicos capaces de zamparse el Estado de una sentada para su propio provecho. Va de que ese Estado esté al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio del Estado. Va de hacer cumplir las leyes a todos y de hacer leyes que se cumplan para todos.

El 8J va, en definitiva, de que los españoles nos reivindiquemos como ciudadanos libres e iguales de una España que confía en sí misma, no como vasallos de un caprichoso caudillaje dispuesto a someternos a un permanente estado de excepción por la voluntad de quienes quieren destruirla.