España vuelve a liderar las infracciones ambientales en la Unión Europea
Tras abandonar la cabeza de la lista en 2021, vuelve a ser el país europeo con más casos abiertos en la actualidad
España vuelve a liderar la lista, según el mapa interactivo abierto de infracciones ambientales, con 22 casos en curso en el Tribunal Europeo de Justicia, por delante de Grecia (16), Italia (16), Rumanía (12), Bulgaria (11) y Francia (10).
En este escenario de casos de infracciones ambientales, España vuelve a estar en el primer puesto tras haberlo abandonado en 2021, tras siete años consecutivos encabezando un ranking que refleja cómo aparecen los problemas relacionados con el medioambiente en cada país.
La gestión del agua, problemas con el manejo de los residuos y protección de la naturaleza son los casos más recurrentes de infracciones ambientales en España, unos casos que vuelven a aupar a nuestro país en el ranking europeo de irregularidades ambientales.
Penas económicas
Bruselas da de este modo un toque al Gobierno español en materia de infracciones ambientales, concretamente en la gestión de residuos y de políticas de prevención de inundaciones, en este punto con la ausencia de planes finiquitados.
Este liderazgo en infracciones por parte de España coincide con la entrada en vigor de las nuevas normas por las que la Unión Europea podrá sancionar con penas económicas o de prisión a los delincuentes ambientales, entre los que se incluye a particulares y a empresas.
La nueva Directiva contiene una lista actualizada con nuevas normas sobre delitos medioambientales y las sanciones por perpetrarlos. En España, según una investigación desvelada en 2023 por parte de la organización WWF junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), más del 93% de delitos ambientales en nuestro país quedaron sin juzgar entre 2015 y 2020.
Infracciones graves
Entre la extensa lista se encuentra el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos, la contaminación causada por los buques, el reciclaje ilegal de buques, la extracción ilegal de agua y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos y mercurio.
Además, la lista de delitos también establece las infracciones graves relacionadas con los gases fluorados de efecto invernadero e infracciones graves de la legislación sobre especies exóticas invasoras.
Actualmente, según el mapa de infracciones, en Europa existen 191 casos activos de infracciones ambientales en los estados miembro, en los que los tipos de infracción más comunes son la mala aplicación de normas ambientales, un 66,5%, y en el que los casos más comunes son los referentes a las infracciones en la naturaleza (29%), el agua (26,5%), la calidad del aire (22,5%) y a los residuos (4,5%).
Tipos de infracciones
En el caso de España, el 100% de los casos se refieren a malas aplicaciones de las normas, en expedientes referidos a la naturaleza (34,6%), agua (30,7%), residuos (19,2%) y calidad del aire (7,6%).
En el caso de denuncias relacionadas con el impacto en la naturaleza, las más numerosas, se centran en la degradación de los entornos naturales, sobre todo en lo que respecta a las aguas marinas y la pesca y el estado de los litorales españoles.
En el capítulo del agua están vivos los problemas con el tratamiento de aguas residuales, sobre todo en las ciudades, los planes hidrológicos, y los vertidos agrícolas y ganaderos.
Vertederos y residuos
Con el tema de los residuos, los problemas aparecen sobre todo en los vertederos ilegales, una situación recurrente en nuestro país y que se mantiene durante muchos años, con el foco en la separación de residuos, sobre todo a nivel municipal.
Para abordar la gran divergencia en el nivel de aplicación entre Estados miembros, la Unión adoptó en 2001 criterios mínimos (entonces no vinculantes) de las inspecciones medioambientales.
Delitos medioambientales
A fin de mejorar el cumplimiento de la legislación medioambiental europea, los Estados miembros deben prever sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias para los delitos medioambientales de mayor gravedad.
Entre estos delitos se incluyen, por ejemplo: la emisión o vertido ilegal de sustancias al aire, el agua o el suelo; el comercio ilegal de especies silvestres; el comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono, y el traslado o vertido ilegal de residuos.
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