Delincuentes ambientales: Europa establece penas de prisión y multas

Ya han entrado en vigor las nuevas normas por las que la Unión Europea podrá sancionar con penas económicas o de prisión a los delincuentes ambientales, entre los que se incluye a particulares y a empresas.

El Parlamento ha puesto en marcha la nueva Directiva, consensuada con el Consejo el 16 de noviembre de 2023, aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, y que contiene una lista actualizada con nuevas normas sobre delitos medioambientales y las sanciones por perpetrarlos.

En España, según una investigación desvelada en 2023 por parte de la organización WWF junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), más del 93% de delitos ambientales en nuestro país quedaron sin juzgar entre 2015 y 2020.

Delincuencia organizada

Según la UE, la delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de los grupos organizados, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos.

«El tráfico de residuos es uno de los delitos ambientales más graves de la actualidad. Daña el medioambiente y, a menudo, está vinculado al crimen organizado, por lo que también perjudica a las empresas legítimas», subraya la Comisión Europea.

Extensa lista

Entre la extensa lista se encuentra el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos, la contaminación causada por los buques, el reciclaje ilegal de buques, la extracción ilegal de agua y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos y mercurio.

Además, la lista de delitos también establece las infracciones graves relacionadas con los gases fluorados de efecto invernadero e infracciones graves de la legislación sobre especies exóticas invasoras.

La normativa no recoge el concepto de «ecocidio», como pedía el Parlamento Europeo, pero sí el de «delito cualificado», que abarca a incendios forestales a gran escala o contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que «conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio», según la interpretación de la Eurocámara.

Endurecimiento de delitos

En este nuevo escenario, la normativa comunitaria amplía y endurece la lista de delitos contra los delincuentes ambientales que perpetren este tipo de actos en la Unión Europea a través del derecho penal, y que castigarán con penas de diez años de cárcel para los crímenes ecológicos que causen la muerte.

Con este paso, desde el comisariado europeo del ramo se afirma que así «se garantizará que las infracciones más graves de las normas ambientales sean consideradas como delitos y que se reconozca el papel clave de los defensores del medioambiente».

De este modo, los delitos contra el medioambiente cometidos por personas y representantes de empresas podrían llegar a castigarse con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños.

Penas y multas

Los delitos cualificados realizados por estos delincuentes ambientales podrían ser castigados con ocho años de prisión; los que causen la muerte de una persona con diez años, y los demás delitos con hasta cinco años. Todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.

Para las empresas, las multas alcanzarán el 3% o el 5% de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.

Quienes contaminen pagarán

Además, como novedad, los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio. Desde el Grupo del Partido Popular Europeo se declaró que «ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán».

Desde la Eurocámara se insistió previamente a la puesta en marcha de las nuevas normas que «las personas que denuncien delitos contra el medioambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal».

Formación especializada

Paralelamente, Europa debe garantizar a los Estados miembros que impartan una formación especializada para policías, jueces y fiscales, además de preparar estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental.

Con el paso del tiempo, los datos recogidos por los Gobiernos de la UE sobre delitos contra el medioambiente «deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista», aseguran desde Bruselas.