La eólica y la hidráulica muestran su desacuerdo por la futura Ley gallega que afecta a las renovables

• Antonio Quilis Sanz @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora responsable de OKGREEN en OKDIARIO. Antiguo director de El Mundo Ecológico y colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 16/12/2024 18:49
  • Actualizado: 16/12/2024 18:49

Tres asociaciones han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian que una «Ley en aprobación pone en peligro el futuro desarrollo de la eólica y la hidráulica en Galicia».

En concreto, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), han firmado un escrito en el que manifiestan su «desacuerdo con las medidas propuestas por la Xunta de Galicia, pues afectan de manera inmediata al sector renovable regional y a medio plazo al conjunto del sector eléctrico».

En concreto, las medidas, están reflejadas en la Ley 2/2024, de 7 de noviembre, de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia.

Inminente aprobación

En esta norma se esgrime que el «Pacto verde europeo marcó el objetivo de acelerar la transición ecológica de la Unión Europea hacia una economía neutra en emisiones de CO₂ para 2050».

«En los últimos dos años la necesidad de acelerar la transición ecológica se ha intensificado con el Fit for 55, conjunto de medidas que pretenden alcanzar el objetivo de que como mínimo el 42,5 % del consumo final bruto de la energía de la Unión Europea se produzca a partir de fuentes renovables de energía», refleja el texto de la Xunta.

En concreto, la Xunta de Galicia ha propuesto una batería de medidas referidas a la eólica y a la hidráulica, que está tramitando en un proyecto de Ley cuya aprobación es próxima.

«La ley nace con la finalidad de asegurar la gestión responsable de los recursos naturales de Galicia, de manera que se proteja el ambiente, se cree riqueza y la riqueza creada impacte en el territorio», según reza el texto.

Energía a clientes locales

En dicho proyecto se proponen una batería de medidas, pero, entre ellas, hay dos que afectan a estos sectores y que han levantado ampollas en el sector renovable.

Por un lado, se pretende que «la tramitación de proyectos eólicos e hidroeléctricos se verá facilitada si se vende determinada proporción de la energía a clientes radicados en Galicia», según explican en un comunicado.

Repotenciación obligatoria

Por otro lado, la segunda regulación contempla que «se prevé el cierre de parques eólicos que decidan no repotenciar a los 25 años de su vida». La repotenciación es un mecanismo por el cual, se sustituyen los aerogeneradores más antiguos por otros más potentes y eficientes que dan más energía con menos molinos en los parques eólicos.

Desde el sector de la eólica y de la hidráulica se expresa que las «medidas como las propuestas tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector y, en último término, una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España».

Vida útil

En primer lugar, las asociaciones firmantes de este comunicado subrayan que «los parques cuya vida se prolonga más allá de los 25 años funcionan con absolutas garantías. De hecho, en la actualidad la generación anual de electricidad renovable de los parques eólicos es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha, debido a las mejoras e inversiones introducidas durante su vida útil, y que se preveían recuperar más allá de los 25 años».

El comunicado expresa que «los operadores de los parques deben tomar libremente sus decisiones de extensión de vida y repotenciación. El cierre de una instalación en perfectas condiciones de operación por una decisión administrativa es antieconómico y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado, además de ser una medida retroactiva que condiciona la autorización en su día otorgada».

Contraria a derecho

En segundo lugar, razonan que «la propuesta de obligar a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a clientes en la comunidad autónoma es contraria a Derecho».

Las tres asociaciones defienden que «las autorizaciones para la operación no deberían ser un obstáculo al libre mercado. Una obligación como la propuesta por el proyecto de Ley supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo».

Se destaca que el sector eólico en Galicia «lleva años sujeto a una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones, que en la práctica ha impedido el desarrollo de nuevos proyectos. Estas medidas suponen un golpe adicional al clima de inversión en el sector eléctrico en la región».

Mercado español dinámico

Por último, la eólica y la hidráulica afirman que «como asociaciones empresariales de ámbito nacional, queremos resaltar la enorme importancia de mantener un mercado español dinámico y sin barreras internas para todas las empresas del país».

Para los firmantes, la obligación a las empresas a vender en una región para poder operar en ella «es contrario a los fundamentos de competencia, de la prosperidad del país y en definitiva de todos sus territorios», apuntan en su escrito.

Para las partes afectadas por la Ley de la Xunta, «la transición energética es un proceso fundamental para España, desde el punto de vista ambiental y para la competitividad futura del país».

Aumento de la incertidumbre

Desde el sector eléctrico afirman haber «demostrado nuestro compromiso con su rápido desarrollo, siempre con el máximo respeto a las preocupaciones sociales y ambientales en el territorio».

Las que se proponen desde la Xunta «suponen un evidente paso atrás en ese empeño y tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector y, en último término, una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España», concluyen desde los dos sectores.

Desde OKGREEN se ha pedido a la Xunta una reacción a este comunicado que, al cierre de la redacción de esta noticia, aún no se ha recibido.