La crisis de los pélets en Galicia vuelve a escena: ¿quién pagará los 2,3 millones de gastos?

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 18/04/2025 15:34
  • Actualizado: 18/04/2025 15:34

Ha pasado casi año y medio desde que el pasado 13 de diciembre de 2023 la alerta saltó en las costas de Galicia tras la aparición en su litoral de millones de bolitas blancas, de pélets, provenientes del vertido de un barco.

Todo ocurrió el día 8 de diciembre de 2023, cuando el buque Toconao perdió frente a las costas gallegas hasta seis contenedores en aguas portuguesas, vertiendo al mar 26,3 toneladas de pellets de plástico, además de otro tipo de carga como neumáticos y papel film.

Durante las semanas siguientes, miles de voluntarios y de personal contratado se afanaron en extraer de las playas gallegas este residuo que se entremezclaba con las arenas donde esparcieron. Una circunstancia que llevó a la Xunta a movilizar también medios materiales para su extracción y tratamiento.

Carta para Aagesen

Los pélets que aparecieron en Galicia, también conocidos como granza, Nurdles o lágrimas de sirena, son pequeñas bolas de plástico de menos de 5 milímetros de tamaño que se utilizan para fabricar productos de plástico, por lo que puede ser considerado como microplástico.

Tras estos meses en los que a casi todo el mundo se nos había olvidado este triste episodio de contaminación ambiental, a casi todos menos a la Xunta, que ha informado que la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, remitió una carta.

La destinataria de la misiva es la actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para reiterar la «solicitud de información sobre la reclamación por el daño ambiental y los costes» por la crisis de los pellets de enero de 2024 en la costa gallega.

Responsabilidad ambiental

En la comunicación, el Gobierno autonómico de Galicia ha pedido «datos sobre la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental», que ya había reclamado «formalmente en enero de 2024» para que el Ejecutivo central identificase «a los responsables del suceso, la evaluación de daños medioambientales» o la «repercusión de los costes» derivados por los pélets.

Al respecto, la administración gallega ha estimado que actuó «con la máxima celeridad y responsabilidad en cuanto tuvo conocimiento del suceso, poniendo en marcha un dispositivo por tierra, mar y aire en el que, en algunos momentos, llegaron a estar trabajando a pie de playa más de 400 personas».

Sin embargo, sigue sosteniendo el Ejecutivo gallego que el Gobierno central «apenas movilizó medios para hacer frente a la llegada de los pellets a la costa gallega pese a las reiteradas peticiones».

Operativo en más de 630 playas

En este ámbito, valora la Xunta en el citado escrito que su «operativo, que actuó en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros», supuso un desembolso «para el Gobierno autonómico de más de 2,3 millones de euros, que no tiene que ser asumido por los gallegos, sino por los responsables de los daños causados».

Finalmente, el equipo de Alfonso Rueda reitera que, si el Ejecutivo central no inicia el procedimiento correspondiente para subsanar este hecho, presentará un recurso de alzada «como paso previo a la interposición de una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

Nueva norma europea

En este sentido, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron hace unos días un acuerdo sobre las nuevas normas para prevenir vertidos de pélets de plástico, como el que afectó a las costas gallegas en enero de 2024.

Este episodio le valió a España a forzar la inclusión del sector marítimo en el alcance de la normativa, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Para cantidades superiores a 5 toneladas

Este acuerdo provisional, que aún deben refrendar los colegisladores, se aplicará a todos los operadores económicos que hayan manipulado pélets de plástico en cantidades superiores a cinco toneladas en la UE, incluidos los transportistas de terceros países que transporten este material.

El reglamento exigirá también a los operadores económicos establecer e implementar un plan de gestión de riesgos para cada instalación que manipule pélets de plástico con procedimientos para prevenir, contener y limpiar vertidos, teniendo en cuenta la naturaleza y el tamaño de la instalación, así como la escala de sus operaciones.