Ley de Movilidad Sostenible

El Gobierno disparará los costes de las empresas al imponer el uso del coche eléctrico y la bicicleta

Las empresas con más de 200 trabajadores estarán obligadas a diseñar un plan de movilidad

  • Andrea Aguado
  • Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.

El Gobierno de Pedro Sánchez disparará los costes de las empresas tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible que impondrá el uso del coche eléctrico y la bicicleta para que los empleados vayan al trabajo. Con esta nueva norma, las sociedades con más de 200 trabajadores estarán obligadas a diseñar un plan de movilidad al trabajo para lo que tendrán dos años con la que el Ejecutivo pretender decir a los españoles como ir al trabajo.

«Se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajos. Las empresas podrán optar por distintas alternativas, como potenciar la movilidad activa -en referencia a realizar el trayecto en bici o andando-, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo», reza la nueva norma.

Una medida con la que las empresas verán aumentados sus gastos ya que, ahora, serán las encargadas de diseñar los trayectos al centro de trabajo de sus empleados potenciando fórmulas como la apuesta por el coche eléctrico. Lo cierto, es que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha especificado como deberán acometer esta nueva norma y si las corporaciones estarán obligadas a incentivar este tipo de movilidad.

La ley también introduce la obligatoriedad de instaurar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la revisión del sistema de etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) o la instalación de cargadores para coches eléctricos en estaciones de servicio.

Ley de Movilidad Sostenible

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. La norma ha conseguido prosperar con 174 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria; el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. Enfrente se han situado PP, Vox y UPN  con 170 votos.

El Gobierno ha sacado adelante la citada norma gracias a la abstención de Podemos que el Gobierno ha conseguido tras un acuerdo de última hora sobre las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat en Barcelona. La formación que preside Ione Belarra venía amenazando con votar en contra del proyecto si el Gobierno no paralizaba las ampliaciones del Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat.

El Gobierno impone el coche eléctrico

Faconauto ha celebrado la incorporación de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico en la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada este miércoles en el Congreso de los Diputados. Aunque la patronal no ha entrado a valorar el contenido completo de la norma, sí ha destacado la importancia de que el texto contemple la puesta en marcha del plan en un plazo máximo de tres meses desde su aprobación.

Según la organización, esta decisión marca «un punto de inflexión» en la política de movilidad y sostenibilidad del país, al reconocer que la renovación del parque es una herramienta estructural para avanzar en la reducción de emisiones, reforzar la seguridad vial y fomentar la actividad industrial.

Faconauto subraya que este instrumento complementa los planes de electrificación con una estrategia «realista, inclusiva y tecnológicamente neutra». En su opinión, apostar por la renovación del parque es una de las medidas «más sostenibles y sociales», ya que permite conjugar la ambición medioambiental con la realidad económica de los ciudadanos y las empresas.