El Gobierno lo confirma: aviso importante a los dueños de gatos en España
En un esfuerzo por mejorar el bienestar animal y reforzar la responsabilidad de los propietarios de mascotas, el Gobierno ha recordado recientemente la obligatoriedad de implantar un microchip identificativo en todos los gatos domésticos. Esta disposición, recogida en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, sobre protección de los derechos y el bienestar de los animales, busca establecer un control más efectivo sobre la población felina, garantizar su protección y facilitar su localización en caso de pérdida.
Hasta la entrada en vigor de esta normativa, la identificación mediante microchip era un requisito que dependía de la regulación de cada comunidad autónoma. Sin embargo, con esta nueva legislación, la medida se unifica a nivel nacional, obligando a todos los dueños de gatos a registrar a sus mascotas. La iniciativa pretende minimizar los casos de abandono y contribuir al bienestar animal, permitiendo un seguimiento más eficiente de los felinos, tanto domésticos como aquellos que forman parte de colonias.
Microchip obligatorio para todos los gatos domésticos
Uno de los cambios más significativos que introduce esta normativa es la obligatoriedad de que todos los gatos tengan implantado un microchip, algo que en algunas comunidades autónomas no era un requisito previo. Esta identificación electrónica, que ya era habitual en perros, permitirá a las autoridades y veterinarios acceder a la información del animal y contactar con sus dueños en caso de pérdida o situaciones de emergencia.
El microchip es un dispositivo pequeño, del tamaño de un grano de arroz, que se coloca bajo la piel del gato, generalmente en la zona del cuello. Contiene un número único asociado a una base de datos con la información del propietario, lo que facilita la identificación del animal. Su implantación es un procedimiento rápido e indoloro, realizado por veterinarios autorizados.
Además de ayudar a encontrar a los gatos perdidos, esta medida busca reducir el abandono de mascotas, un problema recurrente en España. Asimismo, proporcionará un mayor control sobre la venta y adopción de felinos, exigiendo que todos estén debidamente registrados antes de ser entregados a sus nuevos dueños.
Aunque la implantación del microchip es obligatoria, la normativa establece que la ausencia de éste no será un impedimento para que los gatos reciban atención veterinaria. Los profesionales de la salud animal podrán tratar a los felinos sin identificar, pero estarán obligados a informar a los propietarios sobre la necesidad de cumplir con la ley y registrar al animal lo antes posible.
Sanciones
La Ley de Bienestar Animal considera una infracción grave la tenencia de gatos sin microchip, imponiendo sanciones económicas que van desde 50.001 hasta 200.000 euros. Esto abarca otras acciones que prohíbe la legislación, como la comercialización de felinos en establecimientos no autorizados o la falta de notificación sobre la desaparición de una mascota en un plazo superior a 48 horas.
El microchip se debe colocar durante los primeros meses de vida del gato y tiene que estar inscrito en la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). Según la normativa, el plazo máximo varía entre tres y seis meses de edad, dependiendo de la interpretación legal. Si este requisito no se cumple dentro del tiempo establecido, el responsable del animal podría enfrentarse a una infracción administrativa grave.
Colonias felinas
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley 7/2023 es la regulación de los gatos que viven en colonias felinas. En estos casos, la responsabilidad de la identificación y gestión de estos animales no recae en particulares, sino en los ayuntamientos.
Esto implica que las administraciones municipales deberán implementar sistemas de control poblacional, promoviendo la esterilización y la identificación con microchip de los gatos que habitan en la calle. Este enfoque busca evitar la reproducción descontrolada y mejorar la calidad de vida de estos animales, garantizando que reciban los cuidados necesarios.
Para ello, los ayuntamientos podrán colaborar con asociaciones de protección animal y grupos de voluntarios, quienes ya desempeñan un papel fundamental en la gestión de colonias felinas. A través de programas de captura, esterilización y suelta (CES), se pretende reducir el número de gatos callejeros y asegurar que aquellos que permanezcan en libertad lo hagan en condiciones adecuadas.
En localidades donde aún no existe un sistema oficial de gestión de colonias felinas, esta normativa supone un reto importante. Será necesario establecer nuevas estrategias de coordinación entre ayuntamientos, veterinarios y organizaciones de bienestar animal para garantizar la correcta aplicación de la ley.
La nueva normativa sobre la identificación de gatos con microchip marca un antes y un después en la legislación española de bienestar animal. Su implementación a nivel nacional unifica criterios y refuerza la responsabilidad de los propietarios en la protección de sus mascotas. Aunque algunos sectores pueden considerar esta medida como una imposición, en realidad representa un beneficio tanto para los animales como para sus dueños, ya que facilita la recuperación en caso de pérdida y ayuda a reducir el abandono.
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