Sánchez vende suelo público para pelotazos mientras el PSOE critica a Ayuso por cesiones temporales

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha vendido varias parcelas de suelo público para llevar a cabo potenciales pelotazos urbanísticos. Por el contrario, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por la cesión temporal de terrenos para construir viviendas de alquiler con precios tasados por la Administración regional. Se trata de una fórmula que paradójicamente el PSOE en la Asamblea de Madrid critica mientras calla ante la pérdida definitiva de patrimonio público que lleva a cabo el Ejecutivo central.

La Administración regional apuesta por una política build to rent bajo el Plan Vive. Gracias a ello, las constructoras levantan los edificios y, al cabo de unos años, la Comunidad de Madrid recupera el suelo y, además, consigue la propiedad del alzado, es decir, de los inmuebles construidos. Por el contrario, el Ejecutivo central sigue usando la antigua política de concursos en los que pierde por completo la propiedad.

Se da la circunstancia de que la izquierda se ha opuesto históricamente en sus programas electorales a las enajenaciones de suelo público para promociones inmobiliarias. Por ejemplo, el Consistorio de Manuela Carmena se comprometió por escrito a no hacer uso de estas prácticas. Quería impulsar exclusivamente estas obras municipales desde el sector público. No obstante, por sus recelos con la colaboración público-privada de los 4.000 nuevos pisos prometidos, sólo consiguieron terminar unos pocos centenares.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de explorar las políticas pioneras que ha emprendido la Concejalía de Vivienda que lidera David Pérez en la Comunidad de Madrid, ha optado por las fórmulas tradicionales. Varios ministerios han acometido expedientes en este sentido.

En Méndez Álvaro, al sur de la ciudad de Madrid, se han cedido unas parcelas para que una empresa española de gestión de infraestructuras y energías renovables construya 450 viviendas. A cambio, la compañía pagará 67,3 millones de euros a la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Se trata de 24.800 metros cuadrados de uso residencial próximos a la estación de Atocha y a la estación de autobuses del sur de la capital.

El Gobierno justifica esta operación por la urgente necesidad que hay en la región de ofrecer una mayor oferta de viviendas en arrendamiento. Apunta que esta situación, junto con la alta demanda de los últimos años, ha ido tensionando los precios en los últimos años. La constructora se impuso en la puja por estos terrenos por un precio un 23% superior a la oferta inicial. En concreto, 2.700 euros el metro.

Por su parte, el Ministerio de Defensa también ha sacado un concurso similar para vender terrenos en la zona de Campamento, también en la capital. Se trata de una finca de 58.000 metros cuadrados, 26.000 de ellos edificables. Se pretenden enajenar si alguna constructora se presenta por al menos 12,6 millones de euros.

Esta operación ha disparado el descontento de los vecinos. Varios centenares de madrileños de la zona se han manifestado porque creen que es una operación especulativa que les impedirá disfrutar de un parque público en esa parcela. Consideran que es una subasta «ilegal» porque transcurre por parte de la Cañada Real Galiana que, defienden, bloquea la construcción de casas en su interior.