La mitad del Gobierno de Alcorcón no tiene estudios superiores pero cobra 2,8 millones en sueldos

El núcleo duro del equipo de Gobierno de Alcorcón, liderado por Natalia de Andrés como alcaldesa de la ciudad y Jesús Santos como segundo de a bordo y formado por 14 concejales del PSOE (9) y de Podemos (5), está formado por bachilleres. Sólo dos de los cuatro tenientes de alcalde tienen formación superior. Del total de 14 miembros del Ejecutivo local, sólo la mitad tiene una carrera universitaria frente al resto que, como mucho, ha obtenido el bachillerato. En total, a lo largo del mandato, los concejales que gobiernan esta localidad se han embolsado 2,8 millones de euros.

La página web del Consistorio recoge estos datos con todo detalle. Destaca la falta de formación universitaria de la alcaldesa, Natalia de Andrés, inhabilitada para gestionar bienes públicos y privados por sentencia judicial como consecuencia de quebrar una empresa pública. Un fallo judicial que ha recurrido. Es la responsable de gestionar un ayuntamiento con un presupuesto de más de 180 millones de euros anuales y cobra 70.000 euros cada ejercicio.

«Es una situación impensable en la empresa privada, donde los jóvenes y profesionales que se enfrentan a responsabilidades importantes y cobran un sueldo de esa categoría deben tener un alta formación no sólamente universitaria, sino que deben hablar idiomas con soltura, tener algún máster y una dilatada e infalible experiencia en el sector que pueda justifica un alto salario como el que obtiene del erario público Natalia de Andrés», denuncian desde el Partido Popular.

Lo mismo le ocurre a Jesús Santos, segundo teniente de alcalde, presidente de la empresa pública Esmasa y, a la vez, diputado en la Asamblea de Madrid. Percibe un sueldo municipal de 69.000 euros, pero también cuantías de la Cámara regional, como más de 12.000 euros al año por asistencias a plenos y comisiones. Todo ello sin contar con ninguna acreditación universitaria. Ha pasado de conducir camiones de basura a gestionar el dinero público sin una formación superior que le avale.

El tercer teniente de alcalde, Miguel Ángel González, tampoco ha pasado por la universidad a pesar de que obtiene un salario de 69.000 euros. Aun así, dirige una concejalía importante como la de Urbanismo. El tiempo que trabajó en la empresa privada se dedicó a labores sindicales.

Por otra parte, llama la atención en el portal de transparencia del ayuntamiento que la concejal dedicada a los temas de igualdad, Raquel Rodríguez (Podemos), no publica su currículum. Por otro lado, el más joven de los corporativos de Alcorcón, de Podemos, David López, concejal de Juventud, tampoco tiene una formación superior y su única experiencia profesional es de cocinero.

En cuanto a los cargos directivos y de confianza, se encuentran publicados en el BOCM. Aparecen contratadas dos personas, Francisco Siles y Manuel Lumbreras, que fueron concejales del PSOE con Natalia de Andrés y que también han sido condenados por el juez de lo Mercantil número 6 de Madrid. Están inhabilitados para gestionar dinero público y privado por quebrar la empresa pública Emgiasa.

Por último, destaca como asesora Pilar Pereda, ex alto cargo del equipo de Manuela Carmena y salpicada por un juicio en el seno del Colegio de Arquitectos de Madrid.

La lista de meteduras de pata del Ejecutivo local de Alcorcón es inmensa. Las fuentes consultadas subrayan, en primer lugar, la condena por arruinar una sociedad de todos los vecinos, pero la cosa no queda ahí. Lamentan que Alcorcón haya pasado de ser una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid a la número 17 en la región tras tomar medidas como la eliminación de la unidad de policía judicial. También afean que Natalia de Andrés ha tenido que devolver 684.000 euros a la Comunidad de Madrid por no gastar la subvención para parados de más de 30 años.

En materia económica, Alcorcón es la sexta ciudad de España con peor situación financiera, según publicó en 2021 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), lo que la hace que las cuentas tengan que estar supervisadas. Además, la ciudad es la décima más endeudada de España, 3.500 euros por familia, según datos del Ministerio de Hacienda de 2022.