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Maroto retrasa la licencia para reformar el Palacio de Congresos para culpar a Almeida del retraso

La candidata de Pedro Sánchez a la Alcaldía de la capital, Reyes Maroto, está retrasando la aprobación de la licencia para restaurar el Palacio de Congresos de Madrid, junto al Estadio Santiago Bernabéu en el paseo de la Castellana, para cargar las culpas en el Gobierno local que gestionan actualmente el Partido Popular y Ciudadanos.

La ex ministra de Industria, Comercio y Turismo está en los últimos días diciendo que lo primero que hará si llega a alcaldesa es desbloquear este expediente. Sin embargo, el Ayuntamiento ha tramitado este asunto hasta el máximo posible y, ahora, desbloquear estas obras está en la mano del Ministerio. «Claro que es lo primero que hará, como que está prácticamente lista, a falta de que respondan», explican fuentes municipales de forma muy directa.

«Que le diga a su gente del ministerio que tienen que responder al requerimiento que se les hizo desde el departamento de licencias el 17 de marzo para que subsanaran unas cosas y poder continuar con la tramitación de la licencia. Que son ellos los que parecen querer retrasarla. Los técnicos del área, además, mantuvieron una reunión el día 30 con Ineco (Sociedad Mercantil Estatal de Ingeniería y Consultoría del Ministerio de Transportes), que es quien tiene que contestar al requerimiento, para darles más datos», agregan. La sorpresa en Cibeles con este tema es manifiesta. En lugar de dar agilidad al expediente, ven con asombro que Maroto sostiene que es el Ayuntamiento el que tiene que dar el siguiente paso.

Quedan flecos por perfilar, como las obras a realizar en la plaza de uso público sobre el aparcamiento, la autoliquidación de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos o la accesibilidad de zonas como el anfiteatro y la planta semisótano. También quedan por cerrar aspectos como el plan de seguridad e incendios.

Almeida, Albares y Maroto en el Palacio de Congresos con el proyecto de reforma.

El requerimiento debía ser cumplimentado en el plazo de un mes contado desde el 17 de marzo. Con la capacidad que tiene el Gobierno, un mes se daba por suficiente para resolver esas cuestiones pendientes. En el caso de que este requerimiento no fuera atendido en el plazo señalado, se le advertirá de caducidad. Posteriormente, tres meses desde dicha advertencia sin ser atendida, se producirá la declaración de caducidad. Asimismo, si el Gobierno de España no cumplimenta de forma completa o se cumplimentase de manera deficiente, la licencia será denegada, como marcan las ordenanzas municipales en vigor. Por ahora, pasado el primer mes de la comunicación oficial, los documentos no han llegado al Consistorio de la capital.