La jefa de compras de Almeida al fiscal hace un año: «Los grupos están informados de todo»

Los partidos de izquierda del Ayuntamiento de Madrid culpan al equipo de José Luis Martínez-Almeida de esconder la investigación por las mascarillas compradas con precios hinchados. Sin embargo, tal como señaló la responsable de compras, Elena Collado, ante la Fiscalía Anticorrupción, desde hace un año estas formaciones estaban al corriente del asunto. Es entonces cuando se produce la declaración de esta alto cargo como testigo.

Estos días, Más Madrid, PSOE y Podemos han clamado contra el Partido Popular por, según su versión, hacer oídos sordos y no personarse en el caso. En primer lugar, la instrucción 4/2013 de la Fiscalía General del Estado recoge que en las diligencias previas no se puede comparecer y, por tanto, no se puede personar.

«No es una cuestión que esté a nuestro libre albedrío. Sí estaba a nuestro libre albedrío personarnos nada más abrirse la querella, y lo hicimos», aseveró este mismo jueves Almeida.

En todo caso, estas formaciones, como ya sabían del caso, podían haber dado nuevos pasos ante la Justicia. Ni trasmitieron a la opinión pública la investigación abierta ni reclamaron nada al Ayuntamiento, al que ahora atacan ante la opinión pública sin ofrecer ningún tipo de prueba. Cabe recordar que el Consistorio y sus responsables políticos han sido exonerados de cualquier tipo de participación en la trama de presunta estafa en la que se investiga a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. «¿De verdad tengo que dimitir por ser víctima de un delito?», se ha preguntado el regidor.

Elena Collado, la funcionaria que gestionó la firma de los contratos de mascarillas, guantes y test covid con los empresarios ahora investigados, lo deja muy claro ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, en Anticorrupción.

«Los grupos están informados absolutamente de todo y están bastante preocupados porque no saben muy bien por qué ha pasado esto. Y las operaciones por encima de 500.000 euros se aprueban en el Consejo de Administración», expone al representante del Ministerio Público en un momento del interrogatorio como testigo. En esa calidad jura decir la verdad sobre los hechos analizados.

Por otra parte, al final del interrogatorio, la responsable municipal de compras, adscrita al área de Economía y Hacienda, expone:

– Elena Collado: A efectos de informar al Consejo, ¿qué les puedo contar a los consejeros?

– Fiscal: Pues que hay unas diligencias de investigación relacionadas con posibles irregularidades en estas operaciones. Es que no le puedo decir más, habiendo venido usted como testigo.

– Elena Collado: Lo entiendo. Si es porque están todos los grupos políticos un poco pendientes de esto, claro, se inquietan.

– Fiscal: Si yo le dijera más cosas y tuviera que llamar a algunas de esas personas como testigo, vendrían ya prevenidas. Podrían venir con una idea preconcebida. Se trata de que un testigo sea espontáneo en sus declaraciones. Si no, no tendría la misma fuerza.

– Elena Collado: Totalmente de acuerdo.

– Fiscal: Vale, muy bien. Damos por cerrada la declaración.

Estos contratos se impulsaron desde la empresa municipal de Servicios Funerarios. El concejal de Más Madrid, Javier Barbero, ex presidente de la Funeraria municipal, estaba al corriente de la investigación.

«Perjuicio al Ayuntamiento»

Este jueves, José Luis Martínez-Almeida ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción ha descartado cualquier tipo de participación del Ayuntamiento. De hecho, al comienzo de los interrogatorios, el fiscal aclara que se «considera que se puede haber causado un perjuicio al Ayuntamiento de Madrid por esas operaciones y en el posterior uso que se haya hecho del dinero».

Almeida ha recordado los casos de Mónica Oltra, Ada Colau o los altos cargos del Ministerio de Sanidad que están imputados y que, sin embargo, descartan dimitir. «Yo no tengo la costumbre de pedir la dimisión a quien ni siquiera ha sido imputado», ha esgrimido.

«La Fiscalía ha investigado 17 meses, una instrucción de más de 3.000 folios, con pruebas en las que exonera al Ayuntamiento, y la oposición ha decidido que aquí el culpable no es el que estafa, sino el estafado. La izquierda pretende que dimita aquel que no tiene nada que ver con los hechos», ha insistido.

El regidor ha remarcado que la Fiscalía solicita en diciembre de 2020 información sobre el contrato, y ya en 2021 llama a testificar a la responsable de compras.

Por otra parte, ha puntualizado que el Consistorio consiguió la devolución de cuatro millones en tres días por los guantes recibidos y que no se ajustaban a lo encargado. También ha insistido en la fecha en que se produce su llamada a Luis Medina, un asunto que ha sido tergiversado por la oposición. La llamada -que fue para agradecerle una donación anexa al acuerdo comercial- se produce cuando el contrato ya ha sido firmado y cuenta además con el voto a favor de los partidos, como reveló OKDIARIO.