El delegado del Gobierno niega a Ayuso seguridad 24 horas en su vivienda

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, no quiere poner vigilancia permanente en la vivienda de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Tal como indican fuentes consultadas por OKDIARIO, el máximo responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la región es contrario a reforzar la seguridad del piso en el distrito de Chamberí donde reside con su pareja la también líder del PP de Madrid.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha respondido a la acusación del PP. Fuentes de la institución sostienen que ponerle seguridad a la vivienda de la presidenta Ayuso «no es competencia del delegado, por lo que en la Delegación no se ha recibido ninguna petición ni se ha emitido ninguna instrucción al respecto». Las mismas fuentes añaden que no consideran prudente «la publicación de información sobre el dispositivo de seguridad de una autoridad».

Una investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid ha puesto en el ojo del huracán a la pareja de Ayuso y al piso que ambos habitan en el centro de la capital. Varios periodistas se han acercado a merodear y el equipo de Ayuso  ha denunciado esos hechos ante la Policía Nacional. Ante esto ven necesario reforzar la seguridad de la jefa del Ejecutivo autonómico, pero se han topado con el no del Gobierno de Sánchez.

Desde la Puerta del Sol destacan que hay extraños rondando por el domicilio de la presidenta y su pareja «acosando incluso a los vecinos», lo que califican de «comportamiento propio de dictaduras».

Mientras que se blindó la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar con una garita de la Guardia Civil permanente, la máxima responsable de la Administración regional se encuentra sin protección estática en su vivienda familiar. Se da la circunstancia de que está en el centro de la capital y, por tanto, mucho más accesible a personas que quieran provocar problemas a la dirigente regional. «Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia», afirman fuentes de la Puerta del Sol. De esta forma, desde el Ejecutivo madrileño creen que «el delegado del Gobierno ampara» actuaciones próximas al «acoso habitual en dictaduras».

Ayuso ha apuntado que está sufriendo una «manipulación orquestada» por el Gobierno de España. En este contexto, pide la dimisión de Pedro Sánchez. «El presidente del Gobierno que aprueba la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo», afirmó Ayuso que se queja de que datos personales han sido revelados por la ministra de Hacienda y por la Fiscalía.

«El presidente, que sigue sin exigir su acta de diputada a la señora Francina Armengol y al ministro Ángel Víctor Torres, ha pedido mi dimisión. El presidente que mantiene en su cargo al ex ministro Salvador Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar», remarcó. Ayuso, quien ve «una inspección de Hacienda sacada de quicio», sostiene que Sánchez busca desestabilizarla a través de su «destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él».

El domicilio de la Ayuso y si pareja está en el centro de algunas ramificaciones del caso. El Colegio de Abogados de Madrid va a denunciar por lo penal a los responsables de la Fiscalía Provincial de Madrid por las filtraciones del procedimiento judicial relativo a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En una rueda de prensa de este lunes, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, ha detallado una batería de cuatro medidas ante unos hechos que califica de «muy graves y sin precedentes».

Los abogados de Madrid, a través de su máximo órgano de representación, han decidido también suspender el protocolo de acuerdos de conformidad con el Ministerio Público y el impulso de un expediente sancionador contra los filtradores.

De esta forma, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá sendas denuncias administrativa y penal para tratar de dar con los responsables de la vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado. La Junta de Gobierno del Colegio ha celebrado previamente una reunión para concretar estas medidas en defensa de los colegiados madrileños.