Cuatro de los cinco municipios socialistas más grandes de Madrid han rechazado aplicar el ‘basurazo’ del Gobierno

Cuatro de los cinco municipios socialistas más grandes de Madrid no han aplicado la tasa de basuras del Gobierno un año después de que venciera el plazo para hacerlo. Parla anunció esta semana que no cobrará la tasa de basuras, mientras que Alcorcón la suspendió en mayo. Fuenlabrada y Rivas han demostrado que tenían sistemas de financiación más eficientes que la imposición estatal.

Más de un año después de que la Ley 7/2022 entrara en vigor, el Ejecutivo aún no ha tomado represalias contra su incumplimiento, lo que revela la debilidad política del Gobierno. A este rechazo se suma Leganés, gobernado por el PP, que directamente no llegó a implementarla.

La ley, aprobada en 2022 siguiendo directivas europeas, obliga a municipios de más de 5.000 habitantes a crear una tasa que cubra el 100% del coste de gestión de basuras. Hasta ahora se financiaba con presupuestos municipales generales. El Gobierno fijó apenas tres meses de plazo, sin instrucciones claras ni compensación económica para los consistorios.

Rechazo municipal a la tasa de basuras

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunció la «ausencia total de normativa» con que el Ejecutivo de Sánchez dotó a los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias calificó la ley como «imprecisa» e hizo un llamamiento a todos los alcaldes españoles, independientemente de su ideología, para tener «una única voz ante esta tropelía económica».

Parla acaba de anunciar esta semana su rechazo a la tasa durante el Debate del Estado de la Ciudad. El alcalde, Ramón Jurado, ha comunicado que el municipio no cobrará la tasa, ya que «es injusto exigir este pago mientras no se unifiquen criterios y se establezcan los mismos principios en todos los municipios».

El regidor ha asegurado defender su decisión «donde haga falta, en el Ministerio o en la Comunidad de Madrid». Alcorcón hizo lo mismo en mayo de 2026, con argumentos similares. Ambos gobiernos socialistas se negaban a cargar con una medida impopular sin apoyo estatal.

La postura de estos municipios refleja una creciente tensión entre administraciones locales y el Gobierno central sobre quién debe asumir los costes de las políticas ambientales. Leganés, gobernado por el PP, directamente no llegó a implementarla, demostrando que la resistencia a la tasa trasciende las líneas ideológicas.

Fuenlabrada financiaba el servicio de basuras directamente con presupuestos municipales, una práctica que funcionaba sin generar conflictividad. Solo en 2025, obligada por la ley, comenzó a cobrar la nueva tasa. Para amortiguarlo, congeló otros impuestos e implementó bonificaciones del 30% para quienes utilizan puntos limpios. El resultado es una de las tasas más bajas de Madrid: entre 60 y 100 euros anuales con las bonificaciones aplicadas. Los fuenlabreños, hasta entonces exentos, han tenido que adaptarse a este nuevo gasto.

Rivas llevaba más de veinte años con su propia tasa de basuras: sólo 55,83 euros anuales, una de las más baratas de la región gracias a ser una de las ciudades que más y mejor recicla. Cuando la ley entró en vigor, Rivas no necesitó cambiar nada. Su ordenanza ya cumplía los requisitos. En San Fernando de Henares pasó algo parecido: ya contaba con un sistema de cuotas por empadronamiento que funcionaba eficientemente.

El Ayuntamiento de Madrid capital sí cobró desde septiembre de 2025. Aproximadamente 1,7 millones de inmuebles recibieron recibos de 141 euros anuales de media. El Tribunal Superior de Justicia anuló la ordenanza para 2025 por «defectos en la tramitación», pero se mantuvo en 2026 con 142,6 euros de media. El consistorio redujo el IBI para compensar, pero la medida sigue siendo criticada como injusta por organizaciones de consumidores como la OCU, que denuncian que no premia adecuadamente el comportamiento responsable en reciclaje.

La paradoja es evidente: el Gobierno impuso una solución única sin permitir flexibilidad, cuando Fuenlabrada y Rivas ya habían resuelto eficientemente lo que ahora quería legislar. Municipios que ya tenían tasas funcionando desde hace años se vieron obligados a reformularlas.