Ayuso pide al Gobierno que se haga cargo de los 50 menas que piden asilo en Madrid: «Es su competencia»
El Gobierno regional vuelve a exigir el cierre de los centros para inmigrantes de Carabanchel, Alcalá de Henares y Pozuelo
La consejera de Políticas Sociales ha enviado una carta al Gobierno pidiendo que se encargue de estos menores
La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que se encargue de los 50 menores inmigrantes solicitantes de asilo que residen actualmente en centros sociales regionales. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, después de que una sentencia del Supremo dictaminara que es responsabilidad del Gobierno de España «colaborar con Canarias, aportando los medios materiales, personales y económicos necesarios para garantizar la atención de los menores solicitantes de asilo».
Durante la celebración este miércoles del Consejo de Gobierno, García Martín ha aludido al artículo 149.1.2ª de la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre inmigración, extranjería y derecho de asilo. «Estas personas no han llegado por generación espontánea, sino que los ha traído Pedro Sánchez», ha aclarado García Martín.
Actualmente, 50 personas solicitantes de asilo, algunos con protección ya concedida, están siendo atendidos únicamente por la red pública de Infancia de la Comunidad de Madrid, «sin que el Gobierno central haya habilitado para ellos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida», señalan desde el Gobierno regional.
Además, hay otros que han manifestado su voluntad de pedir protección internacional, pero no han podido formalizar la solicitud, encontrándose en una situación temporal que en ocasiones se prolonga hasta un año. En esos casos, la doctrina del Tribunal Supremo recoge que su situación «es equiparable a la de los que sí han podido formalizar la petición».
De la misma forma, la Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno a que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, y a fin de respetar el principio del interés superior del menor, con carácter previo a la adopción de cualquier traslado, «compruebe de manera efectiva e individualizada que ninguno de ellos ha pedido protección internacional o ha manifestado su voluntad de hacerlo».
Por otro lado, el consejero de Ayuso ha vuelto a pedir el cierre de los macro campamentos para inmigrantes de Carabanchel, Alcalá de Henares y Pozuelo. «No es la manera de atender a estas personas ni la forma de atender a la población que pide que se refuerzan las medidas de seguridad. El Gobierno de España no puede plantear como única solución la apertura de macro campamentos. Tendrá que luchar contra las mafias y hablar con los socios europeos para combatir la peor crisis migratoria de nuestro país en décadas», ha sentenciado.
Paralelamente, el Tribunal Supremo ha requerido al Ejecutivo central que se haga cargo de un millar de niños y adolescentes solicitantes de asilo que se encuentran en los servicios de acogida de Canarias. El auto, por el que se acuerda la medida cautelar positiva, fue dictado a instancia del Gobierno del archipiélago, que previamente había solicitado al Estado la adopción de dicha iniciativa.
Carta al Gobierno
Por su parte, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Ana Dávila, ha enviado este miércoles dos cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y a la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para recordarles que el traslado de 400 menores solicitantes de asilo desde Canarias al centro CREADE de Pozuelo, (Madrid) exige «por imperativo legal una aceptación expresa de la región receptora».
«La Comunidad de Madrid es competente para la protección de menores no acompañados en su territorio. En consecuencia, cualquier traslado de menores entre Comunidades Autónomas requiere, por imperativo legal, una solicitud formal y la aceptación expresa por parte de la comunidad receptora. Así lo ha asegurado el Tribunal Supremo en relación con este asunto, al recordar que la solicitud de asilo debe implicar la convergencia de competencias autonómicas y estatales, incluso en casos de menores solicitantes de asilo», dice Ana Dávila en la misiva.
«El Tribunal Supremo no ha autorizado traslados unilaterales ni actuaciones al margen de la legalidad. Lo que exige es que el Gobierno de España colabore con Canarias, aportando los medios materiales, personales y económicos necesarios para garantizar la atención de los menores solicitantes de asilo. En ningún caso habilita al Estado para trasladar su responsabilidad a otras regiones», añade.
Es decir, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid piden a Sánchez que deje de despreocuparse por los menores solicitantes de asilo en la Comunidad de Madrid y haga uso de sus competencias para ocuparse de ellos y dar una solución a esta problemática.
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