Almeida: «No va a haber alto cargo del PSOE que no vaya a desfilar por la Ciudad de la Justicia de Ayuso»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rebautizado la ciudad de la Justicia de Ayuso como la ciudad del sanchismo porque «no va a haber alto cargo del Partido Socialista que no vaya a desfilar por la Ciudad de la Justicia a este paso.»

Así lo ha expresado el regidor madrileño después de conocerse que el juez Juan Carlos Peinado ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La investigación, que comenzó centrada en las actividades empresariales de Begoña Gómez, se amplía ahora con esta nueva imputación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos. Martín, de 2018 a 2020 ejerció de director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y fue el que dio orden de contratar a la asesora personal de Begoña Gómez que le ayudaba en sus negocios privados.

El magistrado considera que el delegado debe ser imputado «por su presunta participación en el nombramiento de Cristina Álvarez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y, por tanto, con fondos de naturaleza pública».

En el día de ayer, Francisco Martín daba una rueda de prensa confiando en que su imputación «quedará en nada». «Quiero mostrar mi total voluntad de colaborar con la justicia. Confío plenamente en el sistema judicial y en las instituciones de este país. Somos un estado social y de derecho y estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada», expresó Martín en una rueda de prensa.

El juez Peinado ha fijado la declaración del investigado para el próximo 14 de mayo a las 13:30 horas.  En su resolución, el magistrado descarta la existencia de delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, limitando la investigación únicamente al presunto delito de malversación.

Denuncia de Vox

En diciembre de 2024, Vox presentó ante el Juzgado de instrucción de Madrid una querella contra Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno; su superior jerárquico, Francisco Martín, secretario general de Presidencia de Gobierno; y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En su escrito al Juzgado, la coordinadora Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, se centraba en la utilización «abusiva, espuria y arbitraria» por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno y del Gabinete de Presidencia de Gobierno.

Todo se inicia a raíz de unos correos electrónicos que demuestran que las funciones que desarrollaba Álvarez, desde su puesto en la Dirección de Programas de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno, en realidad estaban dirigidas al ámbito de la actividad profesional privada de la esposa del presidente del Ejecutivo.

Es decir, Álvarez  incurriría en «una clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público», al haber desempeñado sus labores profesionales como asistente personal de Begoña Gómez. Y ello sin ser remunerada, porque su sueldo procedía del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En cuanto a Francisco Martín, Vox señalaba que si Álvarez estaba realizando su actuación profesional en un ámbito ajeno a sus competencias, «es del todo imposible que esta lo hiciera sin el conocimiento y beneplácito de sus responsables directos».