La UDEF pide al juez rastrear las cuentas de Monedero y Bescansa por la financiación de Podemos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón rastrear las cuentas bancarias de los cofundadores de Podemos Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. Estas pesquisas se llevan a cabo en la causa que se encuentra bajo secreto de sumario en la que se investiga a la formación morada por financiación ilegal tras las revelaciones del ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO.

La Policía ha solicitado al instructor un mandamiento judicial dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que facilite los datos sobre Monedero y Bescansa de los años comprendidos entre 2011 y 2018, momento en el que estos recibieron dinero de la narcodictadura venezolana. Los agentes también han solicitado los mismos datos bancarios de los otros dos podemitas, Jorge Lago y Ariel Jerez, que también recibieron dinero de los fondos chavistas a través de las empresas tapaderas utilizadas para financiar a Podemos.

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 investiga un documento aportado por el general chavista Carvajal que refleja el desvío de fondos por parte de Nicolás Maduro a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de dos empresas chavistas. En esa orden de contratación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro aprueba un gasto total de 532.520 dólares para financiar la presencia de la petrolera estatal PDVSA en la cumbre internacional del petróleo de Moscú, de acuerdo con un presupuesto presentado por la empresa con sede en Caracas VIU Comunicaciones CA. De esta cantidad, 142.000 dólares debían destinarse a los tres miembros de Podemos, y otros 280.520 dólares al diseño y ejecución material del stand de PDVSA. El «punto de cuenta» se elaboró a propuesta del ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño.

Junto a su firma, al pie de la segunda página aparece la rúbrica de Nicolás Maduro. En el apartado «comentarios del presidente», tan sólo cuatro palabras con un trazo enérgico: «¡Unidos en la lucha!». En la misma página se indica que la orden de pago ha sido «aprobada» por el presidente del Ejecutivo y en cuanto al «tratamiento comunicacional propuesto» aparece señalada la casilla «no divulgar».

Carvajal reveló al juez que la mercantil que aparece en dicho punto de cuenta –VIU Comunicación– junto a Viu Europa SL, cuyo administrador único de ambas es el venezolano Ernesto Velasco, fueron utilizadas como tapaderas para financiar a los morados con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Estas empresas desviaron «entre un 10% al 20% de los fondos procedentes de la narcodictadura venezolana a la formación entonces liderada por Pablo Iglesias», según los datos que obran en la causa secreta.

Monedero, el comisionista

El militar venezolano manifestó al magistrado que Juan Carlos Monedero también recibió dinero de estas empresas. En Informe Confidencial, título del documento enviado al juez de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso en exclusiva este periódico, El Pollo Carvajal explicó el modus operandi de Caracas para financiar a Podemos. Entre las distintas vías utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero, destaca la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española».

Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a «empresas españolas de su elección para que organizara los eventos internacionales Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero».

El Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro financió a Podemos a través de estas empresas hasta, al menos, julio de 2017. La operación la «realizó Ramón Gordils quién volvió a Caracas en un vuelo de Iberia el día 7 de ese mes», según el testigo principal. Entonces, el partido de Pablo Iglesias ya tenía representación en el Congreso de los Diputados, ya que tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 obtuvo 69 diputados y ya había entrado en vigor la Ley Orgánica del 30 de marzo de 2015 sobre el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Este es el principal motivo por el que la Policía solicita rastrear las cuentas bancarias de los implicados hasta 2018.

La petición de la UDEF avala las diligencias solicitadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de la que depende la ex ministra socialista Dolores Delgado, ha recurrido por considerar que «son demasiadas», según fuentes del Ministerio Público.