La ‘tarifa’ de Joan Reñé no es del 3% como la de Pujol y Mas sino del 8%

El presidente de la Diputación de Lérida, el convergente y hoy miembro de Junts pel Sí Joan Reñé i Huguet, no se conformó con una comisión del 3% como la que cobraban habitualmente los jefes de su partido: la familia Pujol y el presidente Artur Mas.

Fuentes de la constructora catalana M y J Grúas indicaron que la mordida pactada con Reñé a cambio de contrato para gestionar seis depuradoras de la comarda del Pla d’Urgell fue del 8%.

El político convergente adjudicó esta concesión en marzo de 2010 por 22,5 millones de euros. Por tanto, el importe de la comisión ilegal ascendería a un total de 1,8 millones de euros, a pagar en varias anualidades durante la vigencia del contrato público (que tiene 15 años de duración).

En billetes de 500

En cumplimiento de este compromiso, el presidente de la Diputación de Lérida habría cobrado hasta el momento más de medio millón de euros en billetes de 500, mediante abonos en metálico para no dejar rastros de transferencias bancarias.

Miembros del Consejo de Administración de M y J Grúas dejaron constancia en un acta notarial de la existencia de estos pagos, durante la Junta General de la empresa celebrada el 14 de noviembre de 2014.

A preguntas de uno de los consejeros, el asesor jurídico de la compañía hizo constar que los pagos a Reñé como consecuencia de la adjudicación de las seis depuradoras «son conocidos por todos los miembros del consejo». Todo ello, después de que durante la reunión se advirtiera que estas comisiones pueden constituir «un presunto delito de cohecho».

Hasta seis delitos distintos

Doce días después, uno de los accionistas minoritarios de la constructora puso estos hechos en conocimiento del Institut Català de Finances (que depende de la Generalitat) y de cinco bancos con los que trabaja habitualmente la empresa.

Mediante un requerimiento notarial, el representante del 40% del accionariado de la compañía informa a estas entidades del pago de comisiones a Reñé i Huget que, especifica, puede constituir «un delito de cohecho» (art. 419 del Código Penal) por parte del presidente de la Diputación, además de los presuntos delitos de apropiación indebida (art. 252), falsedad contable (art. 310), alzamiento de bienes (art. 257), administración desleal (arts. 290 y 293) y delito fiscal (art. 305) por parte de los actuales administradores de la empresa.

En consecuencia, el accionista pide a las seis entidades financieras que «se abstengan de incrementar cualquier riesgo contraído con la misma hasta el momento procesal en el que se dilucide la gravedad y responsabilidad de las actuaciones».

La Generalitat conoce los hechos

También les informa de que se ha producido un vaciamiento de las cuentas de la empresa, debido a estos pagos y a otras irregularidades en su gestión. «Las cuentas de 2012 y 2013 están falseadas con la connivencia del auditor, ofreciendo desde el ejercicio 2012 un resultado negativo con unas pérdidas aproximadas de 8.000.000 euros», señala el requerimiento notarial que reproducimos.

Este documento fue remitido igualmente, el 26 de noviembre de 2014, al Institut Català de Finances, por lo que la Generalitat tiene conocimiento desde entonces del presunto pago de comisiones al presidente de la Diputación de Lérida.

Pese a ello, casi un año después, Joan Reñé continúa en su puesto y es uno de los principales apoyos de la candidatura independentista Junts pel Sí (de la que forma parte el propio presidente Artur Mas) en la provincia de Lérida.